Una denuncia nacional reclama al fiscal general que investigue el robo de bebés

Están decididos a ir a por todas. Lo que comenzó como un goteo de historias aisladas ha terminado cogiendo forma hasta traducirse en una denuncia colectiva impulsada por la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir), que ayer fue presentada en la Fiscalía General del Estado. El departamento de Cándido Conde-Pumpido tiene ya encima de la mesa 261 casos documentados de posibles afectados por el robo de bebés, que pudo producirse en un amplio periodo de tiempo: desde la época franquista hasta los primeros años de la democracia. De esos centenares de historias, aglutinadas en una misma denuncia, 40 proceden de Cádiz, que a día de hoy es la provincia donde se han destapado más casos.

Con esta iniciativa judicial, el colectivo quiere que Conde-Pumpido investigue la presunta implicación de una red de profesionales (matronas, enfermeras, médicos o funcionarios de los registros) que con un único fin lucrativo estuvo arrebatando neonatos a sus padres biológicos para entregarlos a familias que pagaban por ello. Aunque ayer se entregó la documentación de 261 casos, la asociación ya tiene contabilizados 450. En Anadir confirmaron que están a la espera de la respuesta que dé el fiscal general para ampliar la denuncia.

Las estimaciones que esta asociación hace de cuántas personas pudieron verse afectadas a lo largo de los años es escalofriante. Calculan que si en el último medio siglo ha habido unos dos millones de adopciones, «300.000» pudieron ser irregulares; el 18% del total. «Habría un primer periodo, los años 40, cuando se cogieron niños de mujeres republicanas que estaban encarceladas, y otro, en la década de los 50, que se convierte en una trama mafiosa con una finalidad económica, en la que participan personas de izquierdas y de derechas y que duró hasta bien entrados los años 90», indicó ayer el letrado del colectivo, Enrique Vila, tras salir de la Fiscalía.

«Entiendo que existía una red organizada que tenía capacidad económica, entre los captadores, los intermediarios de padres y las clínicas donde se facilitaban esos niños. Evidentemente existía interconexión porque nunca los hijos robados acababan inscritos en las mismas ciudades en los que se robaban o nunca los padres eran de las misma ciudad donde se compraban», subrayó Vila. El abogado también confirmó que además del escrito de denuncia han aportado partidas de nacimiento falsificadas, pruebas de ADN de algunos afectados, declaraciones de padres que compraron a sus hijos y testimonios de enfermeras o enterradores que narran las irregularidades expuestas.

Los denunciantes no solo buscan que la Fiscalía General impulse una investigación sino que unifique los criterios en aquellas provincias donde ya se han abierto diligencias previas, caso de Cádiz, donde los fiscales jefes de Algeciras y Cádiz están en la fase de recabar pruebas.