El Congreso clausura el acceso de Batasuna a todas las instituciones

El Congreso convalidó ayer el texto remitido por el Senado y aprobó de manera definitiva la reforma legal destinada a taponar todos los resquicios que podían permitir que la ilegalizada Batasuna o sus herederos se cuelen en las instituciones. Los cambios en las leyes electoral y de partidos y en el Código Penal se aprobaron con el apoyo de PSOE, PP, Coalición Canaria, UPyD y UPN, con la abstención de CiU, y con el rechazo frontal del resto de grupos nacionalistas y de IU, que consideran las medidas inconstitucionales. La entrada en vigor de la norma se produce la semana previa a que Batasuna, según anunciaron sus portavoces, registre los estatutos de un nuevo partido y cuatro meses antes de las elecciones locales, en las que la izquierda 'abertzale' trata de obtener representación a toda costa.

Las modificaciones aseguran que la Fiscalía y la Abogacía del Estado podrá denunciar cualquier candidatura sospechosa de suceder a Batasuna, aunque vaya avalada por partidos con siglas legales, por ejemplo, Eusko Alkartasuna; extienden el período de impugnación de las listas incluso después de celebrados los comicios -hasta que sean proclamados los electos-; y abren la posibilidad de expulsar de las instituciones en cualquier momento de la legislatura a los cargos elegidos en candidaturas que sean ilegalizadas tras los comicios salvo que los afectados renieguen y condenen de forma voluntaria y expresa a ETA y al terrorismo.

La norma también declara inelegible a cualquier persona que haya sido condenado a inhabilitación para el sufragio pasivo o para ocupar cargos públicos, aunque la sentencia aún no sea firme, siempre que lo fuese por delitos de rebelión, terrorismo, contra la Administración Pública, o contra las instituciones del Estado. El objetivo es excluir de las listas a los numerosos miembros de la izquierda 'abertzale' condenados en procesos judiciales y dificultar aún más la confección de las hipotéticas listas electorales.

Las enmiendas introducidas en el Senado permiten a los jueces ordenar medidas cautelares como la suspensión de actividades, el cierre de locales o la intervención judicial contra personas jurídicas, empresas o entidades de cualquier tipo afectadas por investigaciones contra organizaciones delictivas y terroristas. Es una medida pensada para la clausura de 'herriko tabernas', los locales sociales y sedes de Batasuna, que han escapado en ocasiones a la acción de la justicia por estar desvinculadas de las imputados en la causa y protegidas por pantallas societarias.

Manipulación electoral

El portavoz socialista, Antonio Hernando, indicó que la reforma trata de evitar que los herederos de Batasuna -«que prefieren las pistolas»- entren en las instituciones, así como «no dejar rendija alguna a los terroristas». Su homólogo popular, José Antonio Bermúdez de Castro, descartó que el partido ilegalizado pueda concurrir a los comicios municipales porque «ha podido exigir a la banda la entrega de las armas y no ha querido». «Mientras ETA no termine su actividad criminal Batasuna no podrá estar en las elecciones», resumió, al tiempo que exigía al Gobierno que sea «fiel» a lo pactado y en mayo «evite que ETA pueda recuperar su brazo político».

El PNV, a través de Aitor Esteban, rechazó la reforma con dureza. Reclamó el derecho de Batasuna a estar en las elecciones y dio a entender que la ley de partidos, lejos de la utilidad antiterrorista que la justificó en su momento, no es más que un instrumento político en manos de PSOE y PP para manipular los resultados de las elecciones vascas contra los nacionalistas y en su propio beneficio, como ocurrió, dijo el diputado nacionalista, con la llegada del socialista Patxi López a Ajuria Enea. Vaticinó que en mayo, como en las anteriores municipales, habrá listas de Batasuna sin recurrir solo en los municipios vasco-navarros que les interesen a estos partidos, que con esta reforma «continuarán falseando la realidad política de Euskadi».