Los sindicatos ceden en las pensiones para ganar en la negociación colectiva

Las horas están contadas para alcanzar un pacto sobre la reforma de las pensiones entre el Gobierno y los agentes sociales o fracasar en el intento. Todas las partes han cedido en materias que hasta ahora parecían esenciales en aras de un acuerdo global «con desacuerdos concertados», según fuentes próximas al Ejecutivo. La última materia sobre la que han certificado que no habrá consenso es la 'ultraactividad' de los convenios colectivos y por eso han retirado de la mesa de negociación este asunto. Eso quiere decir que si la dirección y los trabajadores de una empresa no llegan a un acuerdo en la revisión de un convenio en determinado plazo, las ventajas conquistadas desaparecen a la espera de lo que contenga un nuevo acuerdo. El acuerdo se cerrará con toda probabilidad antes del Consejo de Ministros de mañana, según otras fuentes conocedoras de la negociación. Aun así, el anuncio por parte de los sindicatos tendrá que esperar hasta el 1 de febrero para que sus órganos de decisión, en el caso de CC OO su Consejo Confederal y en el de UGT su Comité Ejecutivo, lo refrenden. Las centrales no descartan, sin embargo, que el pacto no fructifique y que estos órganos sirvan, como ya anunció Comisiones, para retomar «sus estrategias de confrontación».

La presión para alcanzar un pacto aumenta a medida que se agota el tiempo. El titular de Trabajo, Valeriano Gómez, ya aseguró que es posible que las negociaciones continúen la próxima semana. CC OO echó por tierra esas esperanzas, que condicionó a que esté «claro el grueso del acuerdo». Eso supone que para el 28 de enero tiene que estar concretado el tiempo de cotización para jubilarse a los 65 años. Las posturas están cercanas. Los sindicatos están dispuestos a ceder hasta los 38 años y Trabajo ya accede a rebajarlos a 39, desde los 35 actuales.

Ánimos encontrados

UGT no pone plazos a la negociación. «El viernes no es ninguna fecha en la que finalice nada», aseguró su secretario de Acción Sindical, Toni Ferrer, quien afirmó que sería posible seguir negociando con posterioridad e incorporar los acuerdos que se alcancen durante la tramitación parlamentaria del proyecto. Aun así, el optimismo es palpable y afirmó que «el final está cerca».

«Está en manos del Gobierno propiciar el acuerdo», declaró con menos entusiasmo el secretario de comunicación de CC OO, Fernando Lezcano. Señaló que es el Ejecutivo el que tiene la última palabra «flexibilizando las posiciones que han mantenido en público y privado».

La vicepresidenta económica, Elena Salgado, asumió esa responsabilidad y mostró su disponibilidad a «flexibilizar» su propuesta inicial y, por tanto, a rebajar sus exigencias. Pero afirmó que la reforma que apruebe el Consejo de Ministros mantendrá sus elementos «fundamentales y nucleares».

CC OO aseguró que el resto de asuntos pueden pactarse más allá de mañana. Pero las reuniones no cesarán. Antes de mediados de febrero hay que alcanzar un acuerdo sobre políticas activas de empleo. Los cambios en la negociación colectiva tienen como plazo el 19 de marzo. El resto de materias -política energética, industrial e innovación- se resolverán antes de primavera pese a lo afirmado por Rodríguez Zapatero en la presentación del informe de su oficina económica.

Gran respaldo

Los sindicatos consideran que las recomendaciones del Pacto de Toledo aprobadas por el pleno del Congreso han supuesto un gran respaldo a sus propósitos. El texto final incluye, tras la aceptación del voto particular de CiU, que cualquier cambio en la duración de la vida laboral debe ser «flexible» y «progresivo» y no debe llevarse a cabo «de manera homogénea y forzosa para todas las personas».

Lezcano aseguró que, tras la enmienda pactada entre el PSOE y CiU, se abre la puerta a que la jubilación no sea obligatoria para todos a los 67 años y, si no es así, «puede haber una horquilla en las edades de jubilación vinculadas a los periodos de cotización». Indicó que, hasta ahora, la línea «fundamental» de la confrontación con el Gobierno era alargar «obligatoriamente» la vida profesional, pero esa línea «se ha truncado» tras la aprobación del texto final del Pacto de Toledo.

Con independencia de lo que se acuerde en la negociación entre el Ejecutivo y los agentes sociales, el documento que aprueben las dos partes tendrá que sufrir el trámite parlamentario. Está claro que el reparto de las fuerzas políticas en las cámaras no está a favor de los intereses sindicales y por eso el texto sufrirá correcciones y modificaciones.