Un acuerdo para generar confianza

Ha parecido el parto de los montes: después de interminables negociaciones que han durado semanas, los interlocutores sociales y el Gobierno han conseguido acordar los términos generales de la reforma de las pensiones, y en particular del punto más polémico que tampoco el Pacto de Toledo consiguió consensuar: el retraso en dos años de la edad de jubilación. Una medida que ya han adoptado varios de los principales países europeos, como Alemania.

Aunque todavía los términos del pacto no están totalmente establecidos y habrá que ver qué decisiones adopta mañana el Consejo de Ministros, ya se conoce que, finalmente, la reforma admitirá la elevación de la edad de jubilación a los 67 años, aunque en un marco flexible y con muchas excepciones, de modo que podrán jubilarse a los 65 años con la pensión íntegra quienes hayan acumulado 38,5 años cotizados.

Aunque todas las reformas estructurales se han medido por le mismo rasero, la de las pensiones no guarda una relación directa con el ajuste fiscal ni con la recuperación del crecimiento económico. Como es conocido, nuestro modelo de previsión social es de los llamados "de reparto", de forma que lo que el sistema recauda a través de las cuotas es distribuido en pensiones, y de lo que se trata es de asegurarse de que en el futuro se recaudará lo suficiente para mantener unas prestaciones dignas e incluso crecientes, acomodadas al nivel del país.

Así las cosas, resulta que la reforma de las pensiones es una prueba de solvencia de nuestro sistema socioeconómico que incrementa la credibilidad de España ante la comunidad internacional, el Directorio Europeo y los mercados. En este sentido, va en la dirección correcta y el acuerdo constituye una magnífica noticia, pero su eficacia real es la que es.

Largas negociaciones

De las largas jornadas consumidas en negociaciones podía desprenderse que los agentes sociales y los partidos estaban manteniendo una singular batalla ideológica. Cuando la cuestión tenía simplemente un alcance técnico: según las cuentas que acaban de publicarse, en 2010 nuestra Seguridad Social ya habría arrojado déficit si no fuera porque en el capítulo de ingresos ha sido posible sumar los intereses del Fondo de Reserva; no es difícil de entender que si hoy estamos en este precario equilibrio, el sistema no sería sostenible sin profundas reformas en cuanto se fuese cumpliendo la previsión de un paulatina envejecimiento de la población a causa de la baja natalidad y del incremento de la esperanza de vida.

Dicho esto, y tras celebrar el 'pacto social', hay que añadir acto seguido que lo acordado no garantiza realmente casi nada: las previsiones demográficas a medio y largo plazo tienen una fiabilidad escasísima por razones obvias, y de hecho nadie hace quince años podía prever que alrededor del 10% de los habitantes de este país serían hoy inmigrantes. De forma que no quedará más remedio que ir revisando periódicamente los parámetros del sistema para garantizar su sostenibilidad. Y una vez acordados los grandes criterios, el Pacto de Toledo debería mantener sobre todo un control técnico sobre las diferentes variables para que los partidos políticos pudieran tomar las decisiones adecuadas, que, si convergen en el deseo de mantener el modelo vigente, no tienen ni pueden tener verdadera carga ideológica.