La sombra de la paralización vuelve a planear sobre las obras del tranvía

Cuando la Junta de Andalucía conoció el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) que anulaba el proyecto del tranvía, cerró filas en torno a un mensaje de tres líneas de acción inmediata: la reanudación de los trabajos y su impulso para acabar la obra, la interposición de un recurso de casación ante el Supremo y la apertura de una vía de negociación con los expropiados que sustentaban esa demanda. «El último de los casos aún no se ha cumplido y ya me siento acorralado ante su pasividad y la necesidad de reaccionar». Las palabras del abogado que inició el proceso, José Antonio Gamero, no encierran un envite a la desesperada para lograr que sus clientes obtengan un buen acuerdo, sino que enseñan una carta que el letrado se había guardado a la espera de que esta situación se produjera.

Como no hay vía de comunicación, Gamero ha decidido solicitar la próxima semana al TSJA la ejecución parcial de la sentencia. Si el tribunal estima tal petición puede ordenar la paralización de los trabajos a la espera de que el proceso determine la idoneidad o no del proyecto. Decisión que amenaza con empantanar las obras durante años. Aunque no es un trámite sencillo, ya que incluso se pueden establecer fianzas para que se lleve a cabo, el abogado se muestra convencido de sus posibilidades. «Pocos confiaban de que la Justicia me diera la razón con el tranvía y ya tengo varias sentencias a favor. Lo de ahora era una medida que no quería llevar a cabo, pero que me han forzado al no cumplir con su palabra y no tener noticias».

Y es que la situación en la que se encuentran algunos de sus clientes comienza a ser preocupante. El que peor está es el conocido como 'el último Montañés de La Isla', Joaquín Moreno, ya que fue el único propietario de la manzana que se expropió que no llegó a ningún acuerdo. «Si esto sigue así su situación queda en el limbo mientras que la Junta logra sus objetivos y eso no es Justicia», señaló el letrado. A todo ello hay que sumar las indemnizaciones por daños y perjuicios que solicitan los afectados que alegan pérdidas económicas por el traslado de unos comercios que ya estaban consolidados en el lugar. En algunos casos incluso han tenido que cesar de su actividad como ocurre con un freidor y con una peluquería.

«El Supremo ya me ha citado para que en 30 días acuda a Madrid a defender nuestra postura. Lo pienso hacer con todas las consecuencias a menos que la Junta quiera solucionar realmente este conflicto». Así que el proceso legal sigue su curso y Gamero ha decidido agarrarse a él como un clavo ardiendo ya que es el «único movimiento» que por el momento ha realizado la Junta. Todo ello cuando en esta misma semana se han reanudado los trabajos para la finalización del tramo urbano de San Fernando, que se espera que concluya antes de abril. Además el compromiso de la Junta es que el puente de la variante también esté acabado antes de verano, de modo que se dé vía libre a la rehabilitación del puente Zuazo, que pasará a ser peatonal.

La duda de los colectivos radica ahora en si la Junta cumplirá con el resto de promesas contempladas en el proyecto como la apertura de una nueva conexión entre la CA-33 y la avenida Constitución, la construcción de un parking subterráneo en las inmediaciones de la Venta Vargas y la adecuación de las calles paralelas y transversales a Real.