Prisión para el exconsejero asturiano por cinco delitos

El exconsejero de Educación y Ciencia del Principado de Asturias, José Luis Iglesias Riopedre, cumple desde ayer por la tarde prisión provisional en el centro penitenciario de Villabona, acusado de cinco delitos relacionados con la presunta adjudicación irregular de contratos a dos empresas de mobiliario y material de oficinas. La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón, Ana López Pandiella, adoptó esta medida a instancias de la fiscal Ángeles Luis, que consideró que su puesta en libertad podría entrañar riesgo de fuga y la posible ocultación de pruebas. Riopedre está imputado por prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraudes y exacciones legales y negociaciones prohibidas para funcionarios.

Hoy está previsto que presten declaración las otras cuatro personas que fueron detenidas el lunes: la ex directora de Planificación, Centros e Infraestructuras de la Consejería de Educación, María Jesús Otero; la exjefa del Servicio de Procesos Administrativos de la Consejería de Administraciones Públicas, Marta Renedo; el administrador único de Almacenes Pumarín, Alfonso Carlos Sánchez, y el presidente de Igrafo, Víctor Manuel Muñiz Menéndez. Todos ellos permanecen desde su detención en los calabozos de la Comisaría de Gijón.

Gran expectación

Sobre las 12.00 horas llegó el furgón utilizado en la víspera por la Policía para incautarse de material informático, teléfonos móviles y documentos de las dos empresas investigadas. Hubo que esperar hasta las 14.00 horas para que Riopedre apareciera por los juzgados.

Fuentes jurídicas señalaron que Riopedre, aconsejado por sus representantes legales no realizó ninguna declaración ante la juez, al igual que tampoco lo hizo en su momento en la Comisaría. Se justificó esta negativa en el desconocimiento de los hechos, ya que si bien eran conocidos los delitos que se le imputaban -prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraudes y exacciones legales y negociaciones prohibidas para funcionarios- no lo son las pruebas ni detalles de la operación. Al tratarse de un caso que se encuentra aún bajo secreto de sumario, sólo la instructora, la Fiscalía y la Policía tienen acceso a esta información. Pese a no declarar, Riopedre pasó cerca de dos horas en la sala de vistas.

Atendiendo a la petición del Ministerio Fiscal, que junto a la gravedad de los hechos que se le imputan apuntó que su puesta en libertad podía suponer un riesgo de fuga, así como la posible ocultación de pruebas, la instructora Ana López ordenó el ingresó en prisión provisional y comunicada para el exconsejero.