El PSOE recula y se suma a la moratoria para la instalación de nuevas antenas

Lo han pedido por activa y por pasiva; se han manifestado; han protestado en los plenos; han presentado todo tipo de informes que avalen su causa... y cuando parecía que ya todo estaba perdido, los partidos políticos han decidido apoyar sus reivindicaciones y han suscrito una moratoria para la instalación de 166 nuevas antenas de telefonía móvil en la ciudad. Un gesto esencial para la lucha que mantiene la federación de asociaciones de vecinos Solidaridad, y más si se tiene en cuenta que incluso el PSOE ha secundado la iniciativa.

Ello implica, en primer lugar, que con toda seguridad la moratoria será aprobada por el pleno municipal del próximo jueves, después de que la formación que está al frente del gobierno local la haya rechazado en dos ocasiones. La portavoz del Partido Popular, María José García-Pelayo, se encargó ayer de trasladar la buena nueva a los medios explicando que el PP había presentado la propuesta a petición de Solidaridad y todos los grupos en una comisión informativa se han acogido finalmente a ella.

Asimismo, se han comprometido a realizar un estudio técnico sobre la ubicación de las antenas que, partiendo de la situación actual, valore su legalidad o no así como las posibles zonas de contaminación por ondas. De todo ello, según la popular, surgirá una ordenanza que «racionalice» la instalación de ahora en adelante. «Esto marcará un antes y un después y cerrará una brecha entre los vecinos y el gobierno. Y el PP incorporará a su programa de medio ambiente este acuerdo, porque la próxima corporación local será la que realice el estudio».

Solidaridad seguirá la lucha

Paco Gil, vocal de la federación, expresó la satisfacción de todo el colectivo por una noticia que llevan años esperando. No obstante, su lucha no acaba aquí sino todo lo contrario, ya que como él mismo expresó queda lo más difícil: el que la autoridades se conciencien de los peligros que suponen las antenas para la salud y que adopten medidas en consecuencia. «Queremos insistir en que no se ha demostrado científicamente que las antenas sean inofensivas, y por tanto lo primero que hay que hacer es mirar por la salud de los ciudadanos».

No obstante, incidió en que con esta postura las asociaciones vecinales no se muestran en contra de las nuevas tecnologías, sino que solo abogan por su uso racional y en consonancia con los posibles peligros que puedan conllevar para los jerezanos. Por ello, la federación mantiene la firme intención de trasladar el problema directamente a la Junta de Andalucía para que ésta tome cartas en el asunto.

En lo que respecta a la ordenanza municipal que se elaborará respondiendo a esta inquietud, la intención de Solidaridad es que contemple las condiciones a seguir por las compañías telefónicas, partiendo de la exigencia de que los nuevos valores de emisión no superen los 0,1 microvatios por centímetro cuadrado en cualquier espacio. Además, solicitan que el Ayuntamiento realice las mediciones pertinentes y vigile los niveles de emisión, incluyendo un mapa de zonas sensibles que se concrete en el planeamiento urbanístico de Jerez.

Llamamiento a Salud Pública

En la misma línea, también piden que las autoridades sanitarias impliquen al colectivo médico y el departamento de Salud Pública informe de los estudios epidemiológicos correspondientes o los impulsen, en caso de que no existan, para evaluar el impacto sanitario de las instalaciones radioeléctricas sobre la población a medio y largo plazo.

García-Pelayo, por su parte, apuntó que todo debe partir de un proceso de participación ciudadana y se comprometió a ofrecer a los vecinos un lugar privilegiado, en el caso de que acceda al gobierno. «Nosotros haremos un plan director de participación, donde se recogerán compromisos y se abrirá un marco estable de colaboración. Hay que evitar la contaminación política de las asociaciones y establecer un cauce de participación, con consultas populares sobre temas de importancia». Solo cabe esperar que, como en muchos de los casos, los compromisos se lleven a término y no se queden en una mera declaración de intenciones.