El Gobierno aprieta todavía más a las cajas de ahorros para reforzar el sistema

El Gobierno ultima un plan para acelerar la reestructuración y recapitalización de las cajas de ahorro, anunció ayer el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros. Se imponen las tesis del Banco de España, partidario de introducir más cambios cuanto antes, porque todo el sector se resiente de la imagen que están trasladando los analistas a los mercados sobre las necesidades de estas entidades de ahorro. El objetivo de este proyecto es «reforzar la solvencia del sistema financiero mediante la captación de capital, y la credibilidad, a través de la mayor transparencia», precisó el responsable del Ejecutivo.

Los expertos también se han pronunciado a favor de los planes del Ejecutivo, aunque no sin reservas. Tanto el banco de negocios Goldman Sachs como la agencia de calificación Fitch creen que el Gobierno español dispone de suficiente margen para inyectar capital en las cajas de ahorro sin poner en riesgo sus compromisos de recortar el déficit público, siempre que mantenga su firme voluntad de concluir las reformas en curso y logre convencer a los mercados con su actuación.

«Puesto que exigimos al sector una reforma acelerada, lo lógico es que nosotros también actuemos aceleradamente», afirmó Rubalcaba, para añadir que «habrá normas, si hay que hacerlas». En estos momentos las cajas de ahorros ultiman el proceso que ha reducido el subsector de 45 a 17 entidades, y están empezando a publicar con todo lujo de detalles el riesgo inmobiliario, constructor e hipotecario que han asumido, así como las correspondientes coberturas.

Pero la insuficiencia de la 'primera vuelta' de la reestructuración se ha dejado sentir. Y todo apunta a que la segunda fase despeje caminos para la entrada del capital privado, o incluso para la conversión de las aportaciones públicas en participaciones en la sociedad que se ocupa del negocio financiero de las entidades, lo que equivale a una nacionalización temporal. Ahora mismo se puede dar esta última situación, pero solo si el banco-caja no devuelve los recursos aportados. Por eso el FROB, en su presentación a los mercados, habla de posibles «cambios en la regulación de las cajas para eliminar los obstáculos que le dificultan el acceso a los mercados» para obtener fondos, y de la posibilidad de «facilitar la entrada de inversores privados en el capital de esas entidades».

En esta etapa inicial, un elevado número de cajas de ahorro han utilizado los Sistemas Institucionales de Protección (SIP), colocado un banco a la cabecera del grupo -lo que facilita la entrada de capital- y solicitado al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria hasta un total de 11.170 millones de euros. A esa cifra había que sumar 392 millones del 'rescate' de CajaSur, y 1.200 millones adicionales destinados a las cajas que no lograron un aprobado en las pruebas de estrés de julio.

Los SIP ya han cumplido una primera misión. Además de ser el instrumento que ha permitido poner en marcha la que el colectivo de cajas considera «la más trascendental reforma» de su historia centenaria, también ha hecho posible unas revalorizaciones de activos capaces de compensar unos 26.000 millones de provisiones para cubrir el deterioro de otros activos, principalmente inmobiliarios. De esta forma, las llamadas «pérdidas esperadas» no se han trasladado directamente a resultados.

Las cifras son, por ahora, globales. Hay que esperar a que las cajas de ahorro vayan publicando el detalle del riesgo contraído con la construcción, el inmobiliario y las hipotecas, algo que el Banco de España les obliga a anticipar en las primeras informaciones sobre las cuentas del cierre del cuarto trimestre. Para los bancos, la exigencia se aplaza hasta la presentación de las cuentas anuales que se convocan en los primeros meses del ejercicio.

De momento, las pioneras están cumpliendo con rigor. La entidad resultante de Caja Duero y Caja España ha revelado que la mora en el segmento de la construcción y promoción inmobiliaria está en el 20%. Y la cobertura de su exposición a activos problemáticos se queda en el 35,9%, porcentaje que sube al 38,5% cuando se incluye la provisión genérica.

Pero los SIP no abarcan a todas las cajas de ahorros y sobre el sector se cierne la amenaza de unas nuevas pruebas de resistencia que la UE ha decidido realizar antes del verano y que en el caso de España obligan si cabe un poco más, porque el Banco de España está dispuesto a mantener el listón muy alto. Esto quiere decir que prácticamente todas las entidades se someterán al examen. Si en julio se estableció un requerimiento del 6% de Tier 1 -capital, más reservas, más beneficios no distribuidos y participaciones preferentes- ahora se piensa elevarlo al 8%. Y las circunstancias del negocio no son las más propicias.