El exalcalde de La Línea declara por el 'caso Roseworld' y dice que no favoreció a la empresa

El ex alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Carlos Juárez (PP), ha declarado en la Sección de Algeciras de la Audiencia Provincial por el caso Roseworld, asegurando a la fiscal Anticorrupción que "no estaba ni en la mesa de contratación ni en el Pleno" que adjudicó las parcelas municipales a la empresa y en cuyo proceso se cometieron, presuntamente, delitos de cohecho, prevaricación y otros.

Según han indicado a Europa Press fuentes cercanas al caso, Juárez no ha contestado a las acusaciones particulares. Además, ha manifestado que sí "concedió plazos a Roseworld para el abono de las cantidades correspondientes por las parcelas" e incluso abrió la posibilidad de "resolver el contrato si no se aprobaba el Plan General de Urbanismo". Asimismo, ha asegurado que todo lo hizo "porque nadie me decía que no" y que seguía las recomendaciones de "los técnicos municipales".

El ex alcalde ha negado que su intención fuese beneficiar a la empresa Roseworld en perjuicio de otras que aspiraban a la concesión de las parcelas municipales en el año 2005. "En todo caso lo que hice era lo que me decían los técnicos municipales de la Mesa de Contratación", ha insistido.

Versión de Hacienda

Igualmente, ha declarado el ex concejal de Hacienda, entonces gerente de Urbanismo, Carlos Ruiz Calama, que tampoco ha contestado a las preguntas de las acusaciones particulares. No obstante, a preguntas de la Fiscalía ha asegurado que ni él ni sus decisiones "pretendían beneficiar a Roseworld". Además, ha afirmado que las parcelas no se adjudicaron a Promaga, sociedad de la ciudad, "porque en ese momento no estaba al corriente de pago en la Seguridad Social".

El juicio se reanuda este miércoles en doble sesión de mañana y tarde, estando previsto que quede visto para sentencia en la jornada del jueves. Antes, declararán varios concejales y técnicos del Ayuntamiento linense.

El ex alcalde linense se enfrenta a cuatro años de prisión por prevaricación y cohecho y una multa de 500.000 euros, así como una pena de inhabilitación especial para el empleo de cargo público durante ocho años y medio.