Zapatero promete actuar si las comunidades no frenan el gasto y la deuda

La crisis económica y la presión de los mercados han obligado a José Luis Rodríguez Zapatero a modular su discurso autonómico. El presidente del Gobierno no solo prepara una propuesta para homogeneizar regulaciones y eliminar barreras al mercado interior sino que, por primera vez, se ha mostrado dispuesto a echar un pulso vencedor a las comunidades díscolas en materia de reducción de déficit y de deuda pública. Ayer amenazó con emplear los «instrumentos potentes» de que dispone el Ejecutivo central para obligar a todas las administraciones territoriales a cumplir sus compromisos.

La insistencia tanto externa como interna ha hecho mella en los planteamientos del líder socialista. Los mercados internacionales nunca han terminado de entender el reparto de poderes español y en España han sido varios los organismos que han advertido del riesgo que representa el comportamiento de las autonomías, la existencia de duplicidades y la disparidad de normativas para la economía. Lo avisó el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el pasado octubre, pero también las organizaciones empresariales, desde la propia CEOE hasta el Instituto de Empresa Familiar.

Zapatero aseguró en una entrevista con el 'Financial Times' que el Gobierno «actuará» si es preciso para hacer mantener a raya a las comunidades que no se atengan a sus compromisos de austeridad. De momento, hay varias que pueden presentar problemas: Murcia, Castilla- La Mancha y, quizá, Cataluña.

El margen de actuación está muy acotado. Pero el jefe del Ejecutivo confía en su eficacia. «Tenemos la llave», dijo, porque «ningún gobierno regional puede emitir deuda pública sin el respaldo y la autorización del Gobierno central».

Ausencia de debate

El presidente del Gobierno también comentó con el rotativo económico su intención de «armonizar» la legislación comercial para hacer frente, según la interpretación del diario, a las quejas planteadas por los empresarios ante la dificultad de adaptarse a normativas dispares que afectan, por ejemplo, al sector de la construcción o a los comercios, obligados a rotular en lenguas cooficiales.

Que el PSOE prepara una propuesta para reordenar el Estado autonómico y eliminar duplicidades es un hecho. Pero tan cierto como esto es que aún no ha habido ninguna discusión a fondo sobre este asunto en el seno de la dirección socialista y, por lo tanto, muy pocos saben hasta dónde estaría dispuesto a llegar Zapatero. En la reunión de la comisión permanente de ayer, se dedicó más tiempo -según fuentes socialistas- a responder a las palabras de José María Aznar sobre la inviabilidad financiera y política del modelo actual que a debatir sobre los propios planes.

El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, reclamó a Mariano Rajoy que «vaya aclarando» qué es lo que pretende cuando propone revisar el sistema. Y, sin embargo, tampoco los socialistas han sido nada precisos no ya de puertas afuera sino ni siquiera de puertas adentro, a pesar de que la intención de Zapatero es presentar su propuesta en la convención autonómica que tendrá lugar en Zaragoza el último fin de semana de este mes.

Lo único que aseguraron ayer tanto el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, como el secretario de Organización del PSOE es que su intención de hacer frente a las «distorsiones» del Estado autonómico no conllevará, en ningún caso, un planteamiento «recentralizador o renacionalizador».

«Necesita su puesta a punto para ser más eficiente, no para disminuir el nivel de autogobierno de las comunidades autónomas», arguyó Iglesias. Ahora bien, lo que no dijo es qué «duplicidades» podrían ser eliminadas.

El ministerio de Política Territorial encargó hace ya unas semanas un informe a la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas, creada en la pasada legislatura, para detectar cómo se reparte la 'grasa' del modelo y poder dar pasos a la luz de los datos, pero aún no hay un veredicto definitivo. Lo que, en todo caso, aseguran los socialistas es que en la práctica no existen tantos solapamientos como 'a priori' cabría pensar.

Si Zapatero optara por hacer caso a la CEOE, metería mano a las televisiones y las oficinas de promoción comercial o de turismo. Pero esto último parece poco probable.