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El Consistorio rechaza el dragado del río que pide el puerto de Sevilla

LOLA RODRÍGUEZ
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El Ayuntamiento de Sanlúcar, gobernado por el PSOE, se ha posicionado en contra del dragado del río Guadalquivir impulsado por la Autoridad Portuaria de Sevilla y así se lo ha hecho saber al Ministerio de Medio Ambiente mediante una carta. La opinión del Consistorio sanluqueño se suma así a la de Ecologistas en Acción y la Estación Biológica de Doñana, que consideran perjudicial para el ecosistema marino esta acción motivada por intereses económicos.

«Con los datos a los que hemos tenido acceso, y que solo conocemos por los medios de comunicación, el Ayuntamiento de Sanlúcar a día de hoy y con las circunstancias actuales, es contrario al dragado del Guadalquivir», explicaba el portavoz del gobierno municipal, Víctor Mora, que aun así se mostró comprensivo con la necesidad que Sevilla tiene de ejecutar el dragado. No en vano, la Autoridad Portuaria de la capital andaluza ha realizado una importante inversión en la ampliación de la esclusa con el objetivo de que entren barcos de mayor calado. Sin embargo, según explicó, «la obra debe hacerse en un clima de consenso y diálogo en el que todos los agentes implicados estén de acuerdo y también en unas condiciones de mejora del río, tal como recoge el propio informe del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En tanto en cuanto no se den estas condiciones de mejora del río -agregó Víctor Mora- la posición del Ayuntamiento será contraria al dragado».

La Junta lo descarta

Con todo, el socialista indicó que sí les tranquilizan las declaraciones del consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, en las que señala que la obra en el cauce del río es actualmente inviable. «La propia ministra tambien ha indicado que este estudio deberá incluirse dentro del proyecto, y que éste deberá aprobarse por el Ministerio, por la Junta de Andalucía y también por el Consejo de Participación de Doñana, al que pertenece Sanlúcar y en el que mostraremos nuestra postura».

Como recordó Mora, la declaración de impacto amiental del proyecto se realizó en 2003, con el Partido Popular en el Gobierno central y en la Alcaldía de Sanlúcar. «No tenemos conocimiento de que se alegara entonces nada, pero tuvo que ser un gobierno socialista el que ordenó que se realizara este estudio porque había lagunas en el informe».