«El rechazo a la violencia debe ser continuado»

El ministro de Justicia no contempla «por el momento» un escenario electoral que incluya a la izquierda 'abertzale'. Francisco Caamaño pone como condición al rechazo inequívoco a la violencia la necesidad de que esa condena sea «continuada en el tiempo». Además, insiste en que serán los tribunales «y no el Gobierno» quienes decidan si la nueva iniciativa política que presente esta corriente se ajusta o no a la ley.

-¿Qué condiciones tiene que cumplir la izquierda 'abertzale' para presentarse a las elecciones?

-Ajustarse a la Ley de Partidos Políticos, cuya validez y legitimidad ha sido confirmada no solo por el Tribunal Constitucional sino también por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a pesar de las críticas. Es una ley válida desde el punto de vista de los derechos fundamentales. Los demócratas no vamos a permitir que puedan estar en las instituciones quienes no condenen y rechacen claramente la violencia. Y digo: rechacen claramente la violencia. Es decir, con actos claros y con continuidad en el tiempo. Serán los tribunales de Justicia y no un gobierno los que tendrán que decidir si se cumple o no la Constitución y las leyes.

-¿Se le van a plantear a la izquierda 'abertzale' más exigencias que a cualquier otra fuerza?

-La ley exige lo que exige y trata a todos por igual. Si esas condiciones se cumplen y así lo entienden los tribunales, pues nada puede decir el Gobierno. Ahora bien, con independencia de lo que es propio desde el punto de vista jurídico y del respeto a la legalidad, como miembro del Gobierno, creo que en este momento todavía le queda mucho por caminar a Batasuna y a ese entorno político para acercarse a las posiciones democráticas que justifiquen una legalización.

-¿Qué pasos van a seguir en cuanto se presente el partido?

-Lo mismo que se ha hecho otras veces. Hay plazo para el examen de esos estatutos, y si se considera que pueden tener algún elemento de ilicitud, hay vías abiertas de traslado a la Fiscalía, o al ámbito de la ejecución de sentencias. En esta doble vía de procedimiento, serán los tribunales los que decidan.

-Pero también existe la opción de recurrir candidatura por candidatura. ¿Lo harían?

-Son cuestiones completamente distintas. Una cuestión es la legalidad de los estatutos de un partido, y otra los incidentes que se pueden producir como consecuencia de presentación de candidaturas, que dependen de los artículos de la ley electoral. Lo que han hecho las Cortes con la reforma es cerrar esos canales que permitían, en ocasiones, operaciones de claro fraude de ley por parte de quienes no condenan realmente la violencia ni apuestan de manera clara y contundente por una convivencia pacífica.

-¿Actuaría entonces el Gobierno en esas listas a través de la Fiscalía?

-La Fiscalía opera en estos procesos con autonomía propia y con objetividad; el Gobierno lo hace a través de la Abogacía del Estado. Es bueno puntualizar esos extremos.

-¿Contempla un escenario electoral con la izquierda 'abertzale'?

-Yo en este momento no lo contemplo. Reconociendo el esfuerzo que se puede estar haciendo, queda mucho por hacer y en este concreto momento no lo contemplo.

-Retirar actas a concejales y diputados como permitirá la reforma planteada, ¿no le genera dudas de constitucionalidad?

-Puede haber personas que tengan dudas de constitucionalidad. Yo estoy con el criterio mayoritario del Congreso y los grupos parlamentarios que han impulsado esa decisión. Y con la jurisprudencia del Tribunal Europeo y de los tribunales españoles, esa ley se ajusta plenamente a la Constitución. Pero sobre todo persigue algo que está en el corazón mismo de la Constitución, impedir que quienes quieren imponer su voluntad de modos no pacíficos se aprovechen de la buena fe del sistema democrático.