EL LARGO CAMINO HACIA EL FINAL DE ETA

Un juego de presiones y azoteas. En eso están enredados el Gobierno y la izquierda 'abertzale' tras el comunicado de ETA en el que anunció una tregua general. Presiones porque el Ejecutivo empuja a Batasuna para que convenza a la organización terrorista de que tiene que dar el paso de poner punto final a la violencia si aspira a volver a las instituciones: y la izquierda 'abertzale' aprieta al Gobierno para lograr su legalización so pena de una vuelta a las andadas de ETA. Y azoteas porque uno insta al otro, y viceversa, a mover ficha con el argumento de que ahora la pelota está en su tejado. Lo cierto es que tanto el Gobierno como Batasuna tienen el balón en sus dominios.

En medio del guirigay de reacciones y valoraciones contrapuestas sobre la declaración del alto el fuego más amplio de la historia de ETA emerge un común denominador: el final del terrorismo está más cerca que nunca, aunque será trecho escarpado y erizado de problemas. El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero sabe que tiene que calibrar muy bien los movimientos que hace para no pasarse de frenada pero no quedarse corto. En el Gobierno se recuerda que en la tregua de 2006 hubo a ojos de todo el mundo un gran culpable de la ruptura, ETA, que con su atentado de la T-4 de Barajas sepultó las esperanzas de paz de muchos, izquierda 'abertzale' incluida, pero también sentó las bases del proceso que ha conducido a la situación actual.

La preocupación gubernamental es ahora que quede la imagen inversa, que es el Ejecutivo el que no está por la labor de trabajar por el final de la violencia con una postura intransigente mientras Batasuna, y hasta la organización terrorista, se mueven para terminar con la pesadilla. Un miembro del Gobierno sintetiza este riesgo con una frase: «No sea que tan obsesionados como estamos por ganar la guerra acabemos perdiendo la paz».

El comunicado no cogió por sorpresa al Ejecutivo, lo esperaba y hasta conocía de antemano sus líneas generales. No podía despreciar el texto ni despacharlo con un silencio, como hizo con el del cese de actividades del 5 de septiembre, mas tampoco podía echar las campanas al vuelo porque, es verdad, no incluyó el anhelado abandono definitivo de las armas, pero contenía, junto a la habitual farfolla retórica, elementos nuevos, como el carácter general de la tregua y un «firme» compromiso para mantenerla con independencia de los avatares que puedan surgir. Zapatero y Alfredo Pérez Rubalcaba distribuyeron los papeles: reservaron para el Gobierno la respuesta dura y dejaron al PSOE la visión posibilista, a la que también se apuntó el lehendakari Patxi López.

El freno del PP

El margen de maniobra gubernamental tiene, por otra parte, un tope, el freno que impone el PP. El partido que lidera Mariano Rajoy no está dispuesto a valorar matices. La organización terrorista, dicen los dirigentes de la oposición, ni se ha disuelto ni ha anunciado el final del terrorismo y Batasuna es lo mismo que ETA. En síntesis, no hay nada que hacer ni que hablar porque no se dan las condiciones mínimas. Solo queda el acoso policial y judicial hasta la derrota definitiva porque todos los guiños y gestos de los últimos meses no son más que añagazas de la izquierda 'abertzale' para presentarse a las elecciones municipales, volver a las instituciones y cobrar del erario público. El PP, por tanto, no va a acompañar a los socialistas en nada que pueda parecerse a un comportamiento receptivo a las demandas del brazo político de ETA.

En este terreno de juego, el Gobierno sigue firme en que no va a legalizar el nuevo partido que ha anunciado Batasuna para concurrir a las urnas. Su principal argumento político es que la izquierda 'abertzale' no ha roto con ETA ni esta ha desaparecido. Pero sabe que tendrá un problema jurídico en febrero si se encuentra con unos estatutos impecables que condenan la violencia, en abstracto, como método para alcanzar objetivos políticos y contienen un compromiso exclusivo con las vías democráticas.

Claro que la Fiscalía y la Abogacía del Estado siempre podrán impugnar la legalidad del nuevo partido con los informes que a buen seguro ya manejan las fuerzas de seguridad del Estado sobre las conexiones entre Batasuna, que según la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo es parte de ETA, y las personas que aparezcan como promotores de la nueva organización de la izquierda 'abertzale'. Con esos mimbres, aseguran fuentes gubernamentales, abortar el intento de 'blanquearse' de Batasuna no presenta mayor dificultad jurídica.

Y es que el problema con que se enfrenta la izquierda 'abertzale' es de credibilidad, la sinceridad de sus intenciones aún no ha pasado la prueba del algodón. Para el PP no hay duda posible, no se cree nada. El Gobierno es también escéptico, pero menos porque admite que hay movimientos en Batasuna, y así lo han reconocido desde Zapatero hasta los socialistas vascos, que dan fiabilidad a la apuesta por las vías democráticas que impulsan Arnaldo Otegi, Rafael Díez Usabiaga o Rufi Etxebarria. El gran escollo, afirman en el Ejecutivo, es la persistencia de ETA y su empeño en tutelar todo y decidir qué está bien y qué está mal, aunque ahora quiera aparecer en segundo plano.

Hoja de ruta

Pero la izquierda 'abertzale' tiene clara su hoja de ruta. El exportavoz de Batasuna explicó en el diario 'Gara' que ahora están en una fase de acumulación de fuerzas para formar un polo soberanista, aunque sería más realista decir de acumulación de siglas porque los apoyos que encuentra, Eusko Alkartasuna y Alternatiba -una escisión de Ezker Batua-IU-, no pasan de ser organizaciones con un respaldo social menguante. Aralar se suma y se resta a la operación en función de lo que haga ETA, y el comunicado del lunes es un motivo para que la formación que encabeza Patxi Zabaleta se sustraiga porque, a su juicio, tampoco satisfizo que las exigencias planteadas desde la izquierda 'abertzale'.

Tras las declaraciones de Alsasua, Bruselas, Gernika y la respuesta de ETA, Batasuna tiene colgado un calendario de movilizaciones y acuerdos. Una vez celebrada la manifestación del 8 de enero en Bilbao para reclamar el acercamiento a Euskadi de los de ETA, firmará hoy en Vitoria con EA y Alternatiba un documento para «aunar esfuerzos» ante «la nueva fase» que se abre; una semana después, el 22 de enero, los firmantes de la declaración de Gernika, está por ver si Aralar acude, celebrarán un acto de reafirmación «nacional» en el palacio Kursaal de San Sebastián. El colofón será la presentación en el registro del Ministerio del Interior unos estatutos inmaculados de su nuevo partido durante la primera semana de febrero. El nombre de esa organización política es por el momento una incógnita.

De forma paralela, la izquierda 'abertzale' machaca sin descanso con la idea de que ella ya ha hecho los deberes y se ha ganado el derecho a participar en las elecciones. Ha dejado caer el mensaje con aroma mafioso de que el Gobierno verá lo que hace, pero que tenga claro que su legalización y vuelta a las instituciones será el mejor tranquilizante para 'calmar a la fiera' de ETA. De no ser así, viene a decir, puede pasar cualquier cosa.

Pero este es el lenguaje de la presión. Arnaldo Otegi y los principales impulsores de la apuesta por las vías democráticas han asegurado que si no están en las urnas el 22 de mayo será un contratiempo pero no pasará nada porque su operación tiene «un componente estratégico» que va más allá de una coyuntura electoral. Está por ver si esta opinión es compartida por toda la izquierda 'abertzale', donde una potente minoría sostiene que los principales interesados en prolongar el 'statu quo' actual son el PSOE y el PP, y por la organización terrorista, que tendría, dentro de su lógica, sobrados motivos para volver a las armas ante la inutilidad de la política.

Incluso el PNV, partido que atraviesa una etapa de armonía con Zapatero, defiende que la izquierda 'abertzale' recupere la legalidad siempre que cumpla con la legalidad formal. Su presidente, Iñigo Urkullu, así se lo trasladó al jefe del Ejecutivo durante la cena que compartieron en elpalacio de la Moncloa el pasado miércoles, aunque también cree que ayudaría que los dirigentes de Batasuna dijeran en público lo que dicen en privado sobre ETA y la violencia.