Un centenar de mujeres vejadas en el franquismo recibirán los 1.800 euros

La Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia (AMHyJA) ha instado a la Consejería de Gobernación y Justicia a ampliar el plazo para la presentación de solicitudes abierto a raíz del decreto aprobado por el Consejo de Gobierno, que posibilita que las mujeres andaluzas que padecieron formas de represión sobre el honor, la intimidad y la propia imagen durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura franquista reciban una indemnización de 1.800 euros. La vicepresidenta de esta asociación andaluza, Francisca Maqueda, señaló que el plazo, que concluyó ayer y dentro del cual la Junta ha recibido 206 solicitudes -de las que ya han sido aprobadas 94-, «debería estar abierto siempre», pues, avanzó, «puede haber muchos más casos» de mujeres vejadas «que podrían presentar» sus respectivas solicitudes.

En este sentido, Maqueda, sorprendida por el número de solicitudes recibidas por la Administración autonómica, puso de manifiesto que, aunque valora el decreto aprobado por el Consejo de Gobierno, «no hay suficiente dinero en el mundo que pague el sufrimiento padecido por estas mujeres, las cuales, junto a sus familiares, «jamás han solicitado dinero». «No se puede pagar de ninguna manera lo que estas mujeres han pasado», apostilló.

De igual modo, la vicepresidenta de la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia abundó en la idea de que «este reconocimiento, que se circunscribe al ámbito de lo privado, debería ir acompañado de un homenaje público», de manera que en los plenos de los ayuntamientos en los que viven o vivían estas mujeres «se lean sus nombres en alto y se reconozca el papel que han jugado como transmisoras y donantes de memoria». «Este reconocimiento público sería mucho más efectivo que dar 1.800 euros y contribuiría a limpiar realmente su imagen», sentenció.

De las 94 solicitudes que ya han sido aprobadas, según el consejero Luis Pizarro, cinco son de la provincia de Almería; seis, de Cádiz; 34, de Córdoba; seis, de Granada; siete de Huelva; siete, de Jaén; 14, de Málaga, y 15, de la provincia de Sevilla. Por otro lado, se han denegado 25 de las 206 solicitudes porque se referían a personas que no están censadas en la comunidad, y otras 37 por no cumplir los objetivos que se refieren a padres y familiares directos. Asimismo, hay 50 solicitudes a las que se han demandado ampliación de documentación.