Casas abronca a PP y PSOE por no renovar el Constitucional

La hasta ayer presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, rompió seis años de obligada discreción y usó el discurso de despedida para ajustar cuentas con los dos grandes partidos por tardar tres años en renovar a los cuatro magistrados que agotaron su mandato en 2007. PSOE y PP tampoco han sido capaces de designar sustituto para los tres que están en funciones desde noviembre y para Roberto García Calvo, fallecido en 2008, cuya silla continúa vacía.

Aprovechó el solemne acto de toma de posesión de los cuatro nuevos magistrados, uno de los cuales cubre su plaza en el tribunal, para recordar a socialistas y populares que renovar cada tres años y en plazo un tercio de los miembros del tribunal no es una opción sujeta a cálculos políticos sino «un deber constitucional». No hacerlo, como se ha convertido en hábito, es «un incumplimiento grave» de la Carta Magna que «perjudica la calidad de nuestra democracia». La voz la puso la ex presidenta, pero el rapapolvo lo suscribieron sin excepción cada uno de los antiguos y nuevos miembros del tribunal, como confirmaron más tarde en privado y como demostraron en público con una larga y sentida ovación a una Casas con lágrimas en los ojos.

La magistrada aseguró que los tres años de bloqueo en la renovación de magistrados del Senado es algo nunca visto y que tener que constituir ayer el nuevo tribunal con 11 miembros, y no los 12 que establece ley, porque «el Congreso no ha encontrado tiempo para cubrir la vacante» de García-Calvo, es, además de «una anomalía», algo que ocurre «por primera vez en la historia».

«Nunca más»

Advirtió a ambos partidos, los únicos que aseguran los nombramientos, que este proceder «no es conforme a la Constitución» y, por tanto, «nunca más debería volver a producirse». Reiteró asimismo al Congreso la «necesidad apremiante» de que cubra la vacante y designe el recambio de los otros tres magistrados que continúan en funciones por respeto a la Carta Magna. «Si los procedimientos previstos por los reglamentos de las cámaras no consiguen que (los partidos) cumplan la Constitución, habrá que cambiarlos», reclamó, al tiempo que con una cita del rey exigió «respeto y lealtad» para la alta institución. La ya expresidenta no quiso concluir sin poner otros dos puntos sobre las íes a los partidos. Dijo que los retrasos en la elección y la provisionalidad «empañan la legitimidad» del tribunal y que las designaciones finales quedan «embarradas» por «las cábalas de todo tipo y supuestas negociaciones políticas llevadas a cabo al margen del Parlamento». De igual manera avisó de que «cualquier reparto de puestos» entre los partidos, «sin atender a las cualidades de cada uno de los candidatos», a su valía profesional, es una «vulneración del mandato constitucional tan grave como los retrasos».

La bronca de Casas, no obstante, tuvo poco efecto sobre PP y PSOE, que confirmaron que las negociaciones de las cuatro designaciones pendientes del Congreso están «rotas» y que no hay fecha para la renovación, que puede dilatarse incluso meses. Los populares no están dispuestos a prescindir del nombramiento del magistrado Enrique López y los socialistas lo han vetado por no cumplir los requisitos, por falta de cualificación y porque creen que sería «un elemento de desestabilización política desde dentro del tribunal». Los socialistas no se dieron por aludidos porque dicen que nunca han bloqueado nombramientos, pero el PP, a través de Federico Trillo, calificó la etapa de Casas como «la más negra de la institución». Admitió que dijo «cosas ciertas», pero señaló que «no está legitimada» para abroncar a nadie por ser la responsable de muchas de las perturbaciones que han dañado al tribunal.