Zapatero promete culminar sus reformas en seis meses con o sin consenso

Seis meses. Es el plazo fijado por el presidente del Gobierno para rematar las grandes reformas económicas en marcha, haya o no consenso con los agentes sociales. José Luis Rodríguez Zapatero subrayó, en la presentación del Informe Económico 2010, que «en la primera mitad de 2011 vamos a culminar las reformas emprendidas en 2010». Reestructuraciones que afectan sobre todo al sector financiero, al mercado laboral y al sistema de pensiones, y que «se van a cumplir en tiempo y forma conforme al calendario que hemos hecho público», avisó.

El jefe del Ejecutivo aprovechó la presentación del análisis anual de su oficina económica ante un selecto grupo de empresarios para lanzar un mensaje con doble destinatario. Por un lado, los principales sindicatos (cuyos dirigentes no acudieron a la cita en la Moncloa), y por otro a los inversores, que tras el respiro navideño han vuelto a sembrar dudas sobre la solvencia de España, que se han traducido en un aumento de la prima de riesgo de la deuda soberana.

El mensaje es firme: en momentos de turbulencias como el actual -explicó Zapatero- «hay algo peor que la ausencia de consensos amplios para fraguar y aplicar las reformas, que es la ausencia de reformas». «Y como eso sería lo peor, no va a ocurrir, el Gobierno cumplirá sus compromisos con las reformas». Zapatero dejó clara la intención del Ejecutivo de «intentar, hasta el límite de sus posibilidades, los acuerdos para aprobarlas» porque «las mejores reformas, las que antes surten efectos, son las compartidas». Estas reformas, explicó, permitirán acercar el crecimiento de España a su nivel potencial, que situó «en el entorno del 2% o el 2,5% en el promedio 2011-2015».

La primera que verá la luz será la reforma del sistema de pensiones. El Gobierno tendrá en cuenta las recomendaciones formuladas el 29 de diciembre por la Comisión del Pacto de Toledo y las demandas de los interlocutores sociales, señaló el presidente, que reiteró su determinación de «aprobar el próximo 28 de enero la reforma que remitiremos al Parlamento». Las medidas que incluye, de las que destacó el retraso de la edad de jubilación a los 67 años, son «imprescindibles» por el progresivo aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población.

Cuatro personas

En ese sentido, avanzó que si en la actualidad por cada pensionista hay cuatro personas en edad de trabajar, «en 2050 solo habrá una y media». La reforma del sistema será «gradual, progresiva y flexible», porque permitirá tener en cuenta el tiempo efectivamente trabajado y la naturaleza del empleo realizado para que una persona pueda jubilarse con anterioridad a la nueva edad de retiro fijada.

La reforma laboral que el Gobierno aprobó por decreto en junio del año pasado será desarrollada «en las próximas semanas» mediante la regulación de las políticas activas de empleo -al objeto de mejorar la formación para facilitar la reinserción laboral-, de los expedientes de regulación de empleo -para que las empresas recurran a procedimientos de ajuste distintos del despido, como la suspensión de contratos o las reducción pactadas de jornada- y de la negociación colectiva.

Zapatero definió la reforma de la negociación colectiva como «la más importante de las pendientes en relación con el mercado de trabajo». Su objetivo es «una mayor flexibilidad empresarial, facilitando la adaptación de las condiciones de trabajo a la evolución económica». Si no hay acuerdo con los agentes sociales, avisó, el Ejecutivo «adoptará las medidas que corresponden». Es decir, se hará por decreto.

El presidente hizo hincapié, asimismo, en la necesidad de acabar la reforma del sistema financiero. La fase relativa a la integración institucional de las cajas acabó en 2010, y ahora están en marcha los procesos de reestructuración operativa e integración de actividades, que incluirán ajustes en las plantillas y redes de oficinas. Zapatero admitió que «pese a la solidez general de nuestras entidades de crédito ante la crisis y los positivos resultados de los test de estrés de julio, subsisten dudas sobre su vulnerabilidad frente a una evolución adversa de la economía». Dudas que «afectan negativamente» a sus posibilidades de captar financiación externa para después canalizarla en forma de créditos a empresas y familias españolas.