La política penitenciaria, la puntilla para la banda

Alfredo Pérez Rubalcaba reconoce sin ambages que cuando en abril de 2006 llegó al Ministerio del Interior no tenía demasiada confianza en que la política penitenciaria pudiera ser uno de los arietes más sólidos contra ETA. Solo tardó unos meses en darse cuenta de que los continuos movimientos de presos -ahora mucho más tácticos que hace años, cuando solo se buscaba la dispersión- podían convertirse en un elemento de desgaste importante para la banda. Aun así, ni siquiera él llegó a imaginar que esa política penitenciaria podía terminar siendo uno de los elementos más determinantes en la asfixia de ETA, que ve que la disidencia en los penales es ya es un movimiento contestatario arraigado y que, por primera vez, no es capaz de mantener la disciplina de sus presos. La política penitenciaria, aseguran los mandos de la lucha antiterrorista, ha sido la «puntilla» a la organización terrorista.

En los dos últimos años, Instituciones Penitenciarias se ha volcado en esa política para alentar la disidencia. Han sido casi 200 movimientos de presos en tres direcciones, las tres cárceles 'laboratorio' que Pérez Rubalcaba y la secretaria general de prisiones, Mercedes Gallizo, decidieron por entonces convertir en centros de la disidencia: Villabona (Asturias), Zuera (Aragón) y la alavesa de Nanclares. El resultado ha sido más que esperanzador. Las últimas estimaciones de los responsables de Instituciones Penitenciarias apuntan a que la disidencia carcelaria en ETA se acerca ya a los 110 presos, los que supondría algo más de la séptima parte del colectivo.

Hace solo cinco años los nombres de los díscolos caían con cuentagotas y su ejemplo apenas cundía. Nombres como Francisco Múgica, 'Pakito', Carmen Guisasola, José Luis Álvarez, 'Txelis', José Luis Urrusolo eran parte de una lista que casi nunca crecía. Desde finales de 2008, sin embargo, la riada crece. Y los iconos que han abandonado hastiados la ortodoxia etarra son cada vez más llamativos, forzando a la banda a hacer públicas expulsiones de activistas que ya se habían autoexcluido. Tres hitos particularmente dan cuenta del daño que las cárceles han hecho a ETA: la expulsión en diciembre de 2009 de varios activistas, entre ellos la del pistolero Valentín Lasarte, asesino de Gregorio Ordóñez o de Fernando Múgica; el abandono de Rafael Caride Simón, uno de los autores materiales de la masacre de Hipercor; y la salida de la banda de la más sanguinaria mujer que jamás haya militado en ETA, Idoia López Riaño, 'La Tigresa', asesina de 23 personas. Pero los nombres del cisma recién nacido son muchos más: 'Josu de Mondragón', Juan Luis Aguirre Lete, Felipe San Epifanio, Milagros Yoldi o Kepa Pikabea.

La carta del perdón

El aumento de la disidencia durante el primer semestre de 2010 (que se ha frenado levemente durante los últimos meses) es tan preocupante para ETA que la propia banda es la que ahora se niega a expulsar a sus díscolos para no reconocer el éxito de la política de palo y zanahoria de Interior. Según los propios datos de prisiones, esos beneficios penitenciarios a los terroristas que rompen con la disciplina han llevado ya a más de medio centenar de presos (la inmensa mayoría recluidos en Nanclares) a firmar la famosa carta que les abre la puerta a la reinserción y en la que adquieren nominalmente cuatro compromisos: condenar la violencia, pedir perdón a las víctimas, hacer frente dentro de sus posibilidades al pago de las indemnizaciones fijadas en sentencia y colaborar con la justicia para aclarar la autoría de atentados sin resolver.

Ante esta sangría, la banda apenas ha sabido o ha podido reaccionar. El único intento serio de intentar recomponer la disciplina carcelaria fue en enero de 2010, cuando convocó una campaña de «lucha» en las cárceles para denunciar el aumento de la «represión» que incluía huelgas de hambre y 'txapeos' (encierros en las celdas). Al final aquella iniciativa quedó en agua de borrajas, reducida a ayunos periódicos solo en algunos centros por parte de escuetos grupos de presos y a cartas a los directores de las prisiones denunciando la dispersión del colectivo. Pero la señal más alentadora de que el 'frente de makos' se había convertido en una «grave enfermedad» para la salud de ETA fue el comunicado emitido en diciembre por el Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK), que denunció el «chantaje» y las «amenazas» del Gobierno al ofrecer «preso a preso» beneficios si rompen con ETA. «Desde ese comunicado tenemos la convicción de que lo que era una apuesta se ha convertido en un verdadero triunfo», apunta con orgullo uno de los mayores artífices de esta política penitenciaria.