Contra la discriminación

El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de ley de Igualdad de Trato y No Discriminación que tiene por objeto poner plenamente en vigor el artículo 14 de la Constitución, que dice textualmente: «Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social». La norma en ciernes, que ahora deberá discurrir por los distintos organismos consultivos antes de ingresar en el Parlamento para su debate formal, previene contra los seis motivos de discriminación que ya figuran en el citado precepto y en la normativa comunitaria -origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad- y añade dos más: orientación sexual y enfermedad. La ley basará su funcionalidad en la existencia de un sistema propio de sanciones y en la creación de una Autoridad Estatal para la Igualdad de Trato que atenderá las demandas de los afectados y propondrá fórmulas de mediación y conciliación, que podrá investigar por propia iniciativa situaciones dudosas y ejercitar acciones judiciales en defensa de la igualdad; además, ostentará algunas de las funciones que hoy desempeñan diversos organismos mediadores ya existentes. El objeto de la ley no parece discutible, ya que se inserta plenamente en el núcleo duro del espíritu constitucional y podrá resolver satisfactoriamente casos flagrantes de discriminación en distintas situaciones en que se quiebra frecuentemente la igualdad como procesos de contratación laboral, concesión de créditos bancarios, firma de contratos de arrendamiento, actuaciones policiales indiscriminadas contra ciertos colectivos, etc. Será conveniente que el trámite parlamentario de la ley permita examinar críticamente los aspectos más vidriosos de la ley, que ya tiene modelos en varios países europeos, no solo para evitar que la defensa de ciertos derechos de unos ciudadanos cree indefensión en otros sino también para eludir el riesgo de generar una nueva burocracia adosada al Poder Judicial que desvirtúe el sentido de la disposición, que corona el modelo de convivencia que nos hemos dado