Segunda oportunidad

El Gobierno parece dispuesto a sacar conclusiones positivas del correctivo que el pasado 21 de diciembre recibiera con el rechazo parlamentario a la llamada ley Sinde. La tramitación de la Ley de Economía Sostenible en el Senado y su posterior discusión en el Congreso permite al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero apurar las posibilidades del amplio acuerdo que exigiría la conciliación entre los derechos de propiedad intelectual y comercial con la libertad en la Red. El debate social y político previo al revés parlamentario que sufrió la iniciativa de la ministra de Cultura no estuvo exento de demagogia. La legislación que preserve la creación remunerada de bienes culturales frente a su descarga sin límites de Internet requiere una evaluación razonada de los perjuicios que causa la situación actual y los riesgos que entrañaría una u otra medida restrictiva. La colisión entre derechos de distinta naturaleza cuenta en el sistema democrático con un ámbito, el judicial, que es el encargado en última instancia de dirimir los conflictos de intereses que surjan en torno a bienes jurídicamente protegidos. Desde sus primeros borradores se advirtió que la denominada ley Sinde no contemplaba la obligada intervención de los tribunales de justicia a la hora de sancionar a aquellos sitios web que pudieran propiciar la descarga ilegal de cine, música u otros productos culturales, o que no lo hacía debidamente. Es en este punto donde el Gobierno y los partidos de la oposición deberían centrar su voluntad de consenso a la búsqueda de una solución eficaz y ajustada a derecho en cuanto al control judicial sobre las sanciones que proponga la Administración contra los responsables y beneficiarios de esas descargas ilegales. Pero, como pareció desprenderse de la reunión convocada esta semana por el presidente de la Academia del Cine, Álex de la Iglesia, junto a la tramitación acordada de la norma reguladora es necesario que cuaje la aproximación entre los distintos sectores concernidos por el problema; de modo que los titulares de los derechos de propiedad intelectual o comercial se dispongan a ofrecer sus productos a precios asequibles a través de la Red y los titulares de los servicios de Internet junto a sus usuarios admitan de buen grado que no todo puede ser gratis en dicho espacio.