La Fiscalía de Madrid denuncia por sedición a controladores de Barajas
Presenta la primera querella por la huelga salvaje del 3 y 4 de diciembre, a la que seguirán más demandas en diferentes provincias
MADRID.Actualizado:La Fiscalía de Madrid dio ayer el primer paso para sentar en el banquillo de los acusados a las decenas de controladores aéreos que el pasado puente de la Constitución sembraron al caos en los aeropuertos de toda España al abandonar de forma masiva sus puestos de trabajo y dejaron en tierra a varios cientos de miles de pasajeros. El Ministerio Público denunció ante los juzgados de instrucción de Madrid a los controladores que, según informó AENA, se ausentaron de las torres de control de Barajas y Torrejón de Ardoz sin motivo justificado el 3 y 4 de diciembre.
La denuncia, por el momento, es exclusivamente por sedición y se basa en dos preceptos. El primero es el artículo 545 del Código Penal, que fija penas de ocho a diez años de cárcel y la inhabilitación para empleo o cargo público por ese mismo tiempo para aquellos empleados que hayan «inducido, sostenido o dirigido» el motín, y además castiga con condenas de cuatro a ocho años a los que, sin ser cabecillas de la revuelta, hayan participado en ella.
El segundo artículo que invoca la Fiscalía es el 20 de la Ley Penal y Procesal de la Navegación Aérea de 1964, que establece «pena de prisión menor como reos de sedición» a «los miembros de la tripulación de aeronaves o empleados de aeropuertos que, en número suficiente para perturbar el servicio, abandonen colectivamente sus funciones en la aeronave o el aeropuerto, en actitud de protesta, desobediencia coactiva o represalia contra el comandante o jefe respectivo».
El escrito presentado en Madrid no es nominativo, o sea no identifica con nombres y apellidos a los supuestos sediciosos ya que, en puridad, no es una denuncia sino un oficio remisorio en el que se da cuenta exclusivamente del posible ilícito.
Nuevos interrogatorios
No obstante, la Fiscalía de Madrid pedirá de inmediato el interrogatorio de los que podrían convertirse en los primeros imputados por el motín: los 175 vigilantes que según AENA se ausentaron sin motivo de sus puestos en los dos aeródromos madrileños. Por el momento, ningún controlador se ha avenido a declarar. Los 26 que fueron citados por el Ministerio Público días después del caos aeroportuario se acogieron a su derecho a guardar silencio con el argumento de que el Supremo todavía no había resuelto sobre sus recursos en contra del decreto del estado de alarma, todavía en vigor, y la militarización del espacio aéreo, por lo que afirmaron que no sabían si estaban bajo jurisdicción militar.
A partir de ahora, será el Decanato de los juzgados ordinarios madrileños el que decida si manda a reparto este causa o si unifica toda la investigación en alguno de los juzgados donde ya hay otras demandas de particulares u organizaciones.
La causa de Madrid es la más avanzada habida cuenta del elevado número de afectados en la capital de España, pero no centralizará todas las demandas de los damnificados, según explicaron responsables del departamento que dirige Cándido Conde Pumpido.
Estas fuentes precisaron que las diferentes fiscalías provinciales tienen previsto, como ha hecho ya Madrid, judicializar el caso en breve. Estas fiscalías serán las que pidan el procesamiento de los otros 267 controladores que se ausentaron de sus puestos en el resto de aeropuertos del país. El objetivo, insistieron fuentes judiciales, es sentar en el banquillo a los 442 vigilantes que, según AENA, se marcharon de las torres de control sin justificación y contra los que el Ministerio de Fomento ya ha abierto expediente.
De la contundencia con la que el Ministerio Público quiere actuar en este asunto dio cuenta el fiscal jefe de Madrid, Eduardo Esteban, quien garantizó que su departamento «intervendrá en las diligencias con todas las consecuencias». De hecho, la Fiscalía General estudia si dar instrucciones a sus diferentes delegaciones para que soliciten a los diferentes juzgados el embargo de los bienes de los controladores para afrontar posibles indemnizaciones millonarias. Esta idea fue lanzada el martes por la Cámara de Comercio de Madrid que estima que, solo en su comunidad, las pérdidas por el motín llegaron a los 20 millones de euros.