2011: La austeridad que viene

Las próximas doce campanadas marcarán el fin de un año para olvidar, salpicado de recortes sociales, una tasa de paro superior al 20%, bajadas de sueldos y la congelación de las pensiones por primera vez desde que existe el Pacto de Toledo. Pero 2011 no trae mejor carta de presentación. La economía española afrontará el año próximo un ajuste brutal, que obligará a todas las administraciones públicas a apretarse el cinturón para ahorrar 18.000 millones de euros (el 1,75% del PIB) adicionales a los 15.000 millones que saldrán de las medidas de choque aprobadas en mayo. El objetivo es reducir el déficit público al 6%, desde el 9,3% previsto para el cierre de este año.

Los Presupuestos Generales del Estado diseñados para 2011 son los más austeros de la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero. La contención presidirá toda la gestión gubernamental. Las partidas ministeriales destinadas a pagos se contraerán, de media, un 15,6%, porcentaje que retrotraerá a todos los departamentos dependientes del Ejecutivo central hasta niveles de 2006. Las inversiones reales caerán un 38,3%, desde 9.390 millones a 5.793 millones, y las destinadas a infraestructuras un 29,6%.

Todos los dispendios, hasta el último euro, quedan supeditados al cumplimiento del plan de consolidación fiscal iniciado tras el desastre de 2009, año que registró un déficit del 11,1% del PIB. En 2011 habrá de caer al 6% y en 2013 al 3% que fija el Pacto Europeo de Estabilidad. A ese dictado directo de Bruselas hay que sumar otro impuesto indirectamente por los mercados, que penalizarán cualquier desviación del objetivo con nuevas subidas de los intereses de la deuda.

En realidad el presupuesto de 2011 no será un 15,6% inferior al de 2010. El Estado tendrá un techo de gasto no financiero de 122.022 millones, que en términos homogéneos (descontada la diferencia derivada del nuevo sistema de financiación territorial) es un 7,9% inferior a los 132.442 millones de 2010. El desfase entre uno y otro porcentaje radica en que hay partidas no contabilizadas como gasto ministerial que conllevan desembolsos que crecen, como las destinadas al pago de intereses de la deuda y las aportaciones a la UE.

Del adelgazamiento del techo de gasto saldrán más de 10.000 de los 18.000 millones de ahorro (1 punto de PIB). Los 8.000 millones restantes (0,75% del PIB) son tarea de las comunidades autónomas y corporaciones locales. Pero los ajustes no acaban ahí. La crisis ha cumplido dos años y muchos parados que hasta ahora cobraban prestaciones contributivas saldrán del sistema y pasarán a cobrar otras ayudas de tipo asistencial, de menor cuantía, como las que ofrecen las autonomías. El Gobierno ya ha anunciado el fin de la paga de 420 euros a los desempleados sin prestación.

El resto del recorte del déficit habrá de venir por el lado de los ingresos. El Estado prevé ingresar 178.917 millones, un 5,7% más que en 2010. Excluida la cesión a los entes territoriales, los ingresos se quedarán en 106.020 millones. Por su parte, la recaudación por impuestos subirá un 6,1%, hasta 164.932 millones (antes de restar la parte correspondiente a los entes territoriales).

Subidas de impuestos

A las subidas fiscales que ya entraron en vigor este año habrá que sumar el incremento de gravámenes del IRPF a los contribuyentes con rentas más altas, de un punto a quienes declaren más de 120.000 euros y de dos puntos a los que superen los 175.000 euros. También habrá mayor presión sobre las SICAV. Por la parte autonómica, Cataluña, Andalucía Baleares, Asturias y Extremadura han anunciado subidas adicionales de su tramo del IRPF. El IVA, cuya subida entró en vigor el 1 de julio, está previsto que aporte 3.250 millones adicionales.

En 2011 el Estado dejará de abonar las desgravaciones por adquisición de vivienda a quienes declaren más de 24.707 euros. Los que ganen menos de 17.707 euros podrán desgravar como hasta ahora. La medida no afectará a quienes hayan comprado antes del 1 de enero.

El panorama descrito hace muy difícil cumplir el objetivo del Gobierno de lograr un crecimiento del PIB del 1,3% el año próximo. El Ejecutivo confía en que una subida del consumo privado compense la caída de la demanda del sector público. Los analistas privados discrepan y limitan la mejora de la actividad a un 0,7% o 0,8%, que en la práctica equivaldría a un estancamiento.