Código Penal con polémica

La última reforma del Código Penal de 1995 que entró ayer en vigor es de gran calado. Tipifica nada menos que once nuevos delitos, endurece las penas por terrorismo, pederastia y corrupción económica, y establece una mayor proporcionalidad entre delito y pena en el caso de las transgresiones menores. Entre las novedades, sin duda acertadas, figura la tipificación de nuevas formas de criminalidad, como las derivadas de las nuevas tecnologías, el acoso laboral e inmobiliario, el tráfico ilegal de órganos o la piratería aérea o naval. La corrupción se amplía a supuestos entre particulares -por ejemplo, los sobornos en el deporte-; los delitos de terrorismo serán imprescriptibles; las empresas podrán tener responsabilidad penal, que podrá provocar su disolución, etc. En general, la reforma, que es voluminosa, parece efectivamente adaptarse a los actuales derroteros del reproche social, que como es lógico evoluciona con los tiempos. Sin embargo, si hay un asunto en que el Legislativo debería pulsar a conciencia a la opinión pública es el Código Penal, es decir, el compendio de las reglas de juego que rigen la convivencia y limitan las libertades personales. No se ha hecho así, y es lógico por ello que se haya desencadenado la polémica. De un lado, porque la entrada en vigor de la reforma generará una salida de cientos de delincuentes -los pequeños traficantes de estupefacientes, por ejemplo, ya que ven rebajada su pena- y, de otro lado, porque se adoptan medidas arbitrarias que probablemente no encuentren suficiente consenso. Entre estas últimas, llama la atención la figura del decomiso del vehículo en el caso de ciertas infracciones de tráfico. A este respecto, la Fiscalía de Seguridad Vial declaró ayer que prevé que en los próximos meses se decomisarán al menos 2.000 vehículos, tras la entrada en vigor de la reforma del Código Penal, que contempla esta medida para infracciones graves, como la conducción temeraria, bajo los efectos del alcohol, el exceso de velocidad y el homicidio. Es lógico que el infractor responda personalmente de sus excesos, pero no acaba de entenderse que la incautación del vehículo pueda atenuar o modular el castigo.