El Gobierno recurre de tapadillo la ley catalana de referendos

El mismo día y casi a la misma hora en la que el PSC aseguraba la investidura Artur Mas como nuevo presidente de la 'Generalitat', el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidía recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley de consultas populares por vía de referéndum, aprobada por el Parlamento autonómico el pasado marzo. El acuerdo se adoptó en el último Consejo de Ministros antes de Navidad casi de tapadillo. De hecho, el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, ni siquiera lo mencionó en la rueda de prensa posterior a la reunión en la que, en cambio, sí expresó su confianza en que el gesto de los socialistas catalanes «facilite las relaciones» del Ejecutivo con CiU.

El PSOE y, por supuesto, el Gobierno aspira a que el «ejercicio de oposición responsable» de su partido hermano se vea «reflejado en otros ámbitos». Tampoco piden peras al olmo, pero dado que los nacionalistas catalanes siempre se han mostrado abiertos a la negociación parlamentaria, y no se ven ya condicionados por su papel de partido opositor en Cataluña, esperan poder obtener algunos réditos.

Cuestión de agilizar

Si el silencio del vicepresidente primero se debió a un intento de no incomodar al nuevo inquilino del Palau de la 'Generalitat' está por ver. El hecho cierto es que, en contra de lo que suele ser habitual, ayer omitió en su comparecencia ante al prensa el resumen de los asuntos más relevantes del Consejo de Ministros y se limitó a ceder la palabra al ministro de Industria, Miguel Sebastián, para que explicara su plan de reducción de costes en el sistema eléctrico. Fue, según dijo, por agilizar, dado que la reunión gubernamental se había alargado casi hasta las dos de la tarde.

La ley de consultas populares por vía de referéndum se aprobó en marzo, tres meses antes de que el Tribunal Constitucional emitiera su fallo sobre el Estatuto catalán de autonomía. El Gobierno se apoya ahora en aquella sentencia para argumentar que la norma vulnera la competencias exclusivas que la Carta Magna atribuye al Estado sobre la regulación y convocatoria de referendos. Se apoya «ahora», según fuentes gubernamentales, porque no quedaba más tiempo.

Tras la sentencia del 'Estatut', Zapatero se comprometió con el ex 'president' José Montilla a buscar el modo de desplegar el marco autonómico en todo su potencial por otras vías legales y a realizar «gestos» que permitieran aplacar la enorme desafección que, según su discurso, había generado el fallo del Constitucional. En el Gobierno sostienen que no podían dejar de plantear este recurso, pero haberlo hecho antes de los comicios del pasado 28 de noviembre habría resultado conflictivo en plena campaña electoral. La ley da al Gobierno tres meses de plazo desde la publicación de una norma para poder recurrirla y nueve en caso de que se cree una comisión bilateral para alcanzar un acuerdo. Ese período vencía ya.

En realidad, Artur Mas nunca apoyó la norma de consultas por vía de referéndum que, a juicio de los servicios jurídicos del Estado, establece el procedimiento para «un nuevo tipo de referéndum de iniciativa autonómica no previsto en la Constitución ni en el Estatuto de Autonomía». No lo hizo porque la consideraba insuficiente y, no en vano, en su programa electoral se comprometió a elaborar una nueva ley de consultas populares más ambiciosa que la impulsada por el fenecido 'tripartito' y que no hiciera depender su convocatoria de la autorización del Estado. Una propuesta que aparecía bajo el epígrafe 'Derecho a decidir'. En todo caso, el líder de CiU ha prometido centrar la acción de gobierno en los asuntos económicos.

Es ese compromiso el que da cierta tranquiliad al Ejecutivo. El presidente del Gobierno ya ha cifrado en cinco años el tiempo necesario para corregir los déficits estructurales de España e hizo un llamamiento a la colaboración para poner en marcha las reformas precisas. En el PSOE asumen que, como ha ocurrido hasta ahora, tendrán que apoyarse en los nacionalistas vascos y catalanes a fin de sacar adelante, siquiera gracias a su abstención, medidas impopulares. A pesar de que Mariano Rajoy cerró el curso parlamentario con una intervención de mano tendida, pocos creen en su palabra. Rubalcaba, desde luego, a duras penas. Ayer, dio por hecho que el tono colaborador el líder de la oposición «no pasa de ser un gesto navideño».