La regularización se atasca

La aprobación del estudio de cargas de la primera zona de viviendas irregulares del planeamiento (Área de Gestión Básica) que se regularizará, la Avenida del Mueble, trajo ayer consigo nuevas protestas de los comerciantes y vecinos afectados.

Por espacio de más de veinte minutos un grupo de personas, con intereses comerciales y residenciales en esta zona, cortó la carretera y se movilizó para tratar de evitar sin éxito que, minutos después, el pleno aprobara dicho documento.

La posición de los ciudadanos es clara. Ellos critican que ahora el Ayuntamiento de Chiclana cambie la calificación de suelo «de suelo urbano a suelo urbano no consolidado», poniendo en marcha así un procedimiento que les costará el dinero. Urbanismo, a través de su titular, Cándida Verdier, se defiende argumentando que el proceso dará servicios y permitirá urbanizar una zona, que según la oposición «ya está urbanizada».

En el debate plenario de ayer, el alcalde, José María Román, recordó que el pago de los costes del proceso se articulará mediante «contribución especial», un procedimiento en el que solo «aquellas empresas o vecinos que quieran, pagarán, y urbanizarán su parte».

Pero los afectados no lo ven tan claro. Ellos amenazan incluso con impugnar el estudio de cargas, que no es otra cosa que el documento que determina la cuantía que deberá pagar cada propietario para regularizar la Avenida del Mueble.

El concejal de Unidos por Chiclana, José Pedro Butrón, critica el hecho de que el Consistorio cobre a los ciudadanos el proceso, y «no se pida responsabilidades a las administraciones y personas que se han lucrado durante años con las viviendas ilegales de la ciudad».

Desde el Gobierno local se insiste en que la operación permitirá el asentamiento de nuevos negocios en la zona, como el complejo comercial Puerta de Chiclana (ampliación de Eroski).

Sin embargo, los minoristas recuerdan que en los últimos años «se han perdido más de 130 empleos» en la zona. «Señora Verdier, estamos 'asfixiaditos'», se quejan los comerciantes, que recuerdan que llevan «dos décadas instalados legalmente, y de repente nos cambian la calificación del suelo para que paguemos el proceso».