La Fiscalía de Cádiz ordena a la Policía que investigue las denuncias de bebés robados
Ángeles Ayuso informa a los afectados que aún no tienen claro si los hechos han prescrito y les aconseja que acudan al Ministerio de Justicia
Actualizado:Como la bola de nieve que crece mientras cae por una ladera está resultando ser el extraño caso de los bebés, cuyos familiares defienden que fueron robados a las pocas horas de nacer durante el último tramo de la dictadura franquista. Si bien, algunas de las denuncias sitúan los hechos en los albores de la democracia. A un primer testimonio que surgió en La Línea le han seguido otros tantos más que describen situaciones casi gemelas. Demasiadas coincidencias que además se repiten en otros puntos del país.
Ya se contabilizan 14 denuncias formales presentadas en la Fiscalía de Cádiz (a las que se suman otras diez en el Campo de Gibraltar). Pero según una de las afectadas, Chary Herrera, que se ha erigido en portavoz del colectivo, ya ha recopilado los casos de una treintena de familias.
Este grupo de personas, cada vez más numeroso, mantuvo ayer un encuentro con la fiscal jefe de Cádiz, Ángeles Ayuso, para hacerle entrega de otras cuatro denuncias y para conocer de primera mano cómo marchaban las diligencias que abrió el Ministerio Público en julio, semanas después de que lo hiciera su responsable en la Comarca del Campo de Gibraltar.
Ayuso les informó de que iba a ordenar a la Policía Nacional que investigara cada caso denunciado. Las primeras diligencias serían la toma de declaraciones y de muestras de ADN. Según Chary Herrera, en Algeciras y La Línea ya están realizando esas extracciones biológicas. Si bien, en la Fiscalía desconocen ese avance en las pesquisas. Igualmente al colectivo de afectados les han llegado los testimonios de algunos de esos supuestos bebés, nacidos en centros hospitalarios del Campo de Gibraltar, que en la madurez han descubierto que fueron arrancados de los brazos de sus padres sin su consentimiento para ser entregados a otras parejas. Sin embargo, de estos casos tampoco se tiene constancia oficial en el Ministerio Público.
Una cuestión por resolver
Una de las cuestiones más recurrentes durante la reunión fue si el asunto prosperará o no por la vía judicial ante la posibilidad de que los hechos hayan prescrito. La fiscal jefe les reconoció que aún no lo tienen claro. Y esas dudas no son exclusivas de Cádiz. Mientras hay abiertas diligencias judiciales en varias provincias como Granada y Málaga; o en Madrid, la Comunidad Autónoma indaga en los archivos de los hospitales de su red sanitaria por si encontraran material susceptible de enviar a los juzgados, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ya se ha pronunciado en contra de que estas denuncias se tramiten por lo penal.
Oficina de atención
Zaragoza remitió en noviembre un escrito al Ministerio de Justicia en el que le proponía que crearan una oficina de atención a las víctimas, a partir de la cual se pudieran gestionar ayudas que resarcieran el daño ocasionado. Su posición se asienta ante la posibilidad de que los hechos denunciados están «presumiblemente prescritos», pero reconociendo que los casos acreditados son muy numerosos. Es decir, Zaragoza no niega la mayor sino que puedan tener una repercusión judicial.
Ese escrito, que acompañó de documentación sobre los distintos testimonios, la remitió al departamento de Francisco Caamaño después de que un juzgado madrileño se inhibiera a favor de la Audiencia Nacional al recibir una denuncia y el propio Zaragoza se opusiera a investigarla por no estar dentro de las competencias de dicho órgano judicial.
Ante este panorama y sin que el Ministerio Público en Cádiz haya tomado aún una decisión, en la línea de Javier Zaragoza, o impulsando un procedimiento que sería pionero en el país, Ángeles Ayuso les aconsejó ayer que acudieran al Ministerio de Justicia. El próximo 27 de enero, la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir) presentará una denuncia colectiva ante la Fiscalía General del Estado en el afán de aglutinar fuerzas. La portavoz del colectivo de los posibles afectados en Cádiz anunció al término de la reunión que se sumarán a esta iniciativa judicial y viajarán a Madrid.