La OCDE exige a España mayores esfuerzos de los que realiza

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) afirma que el retraso de la edad legal de jubilación en España de 65 a 67 años es insuficiente y que habrá que adecuarlo en el futuro al aumento de la esperanza de vida, así como ampliar más allá de los 35 años el período de cotización para cobrar la pensión completa. Además, propone subir el IVA y los impuestos especiales a cambio de bajar la presión fiscal sobre los beneficios de las empresas y sus cotizaciones a la Seguridad Social.

En un informe sobre España publicado por su sede en París, el club de los países más ricos plantea profundizar, intensificar y ampliar las reformas estructurales emprendidas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para salir de la recesión. Ejemplo de esa mayor radicalidad preconizada para los ajustes es el dictamen de que no basta con elevar de 65 a 67 años la edad de jubilación, a pesar de considerarlo una «alta prioridad», sino que se necesitan otras medidas de contención del gasto.

A largo plazo, los parámetros de los derechos a un retiro, por ejemplo la edad legal de jubilación o el nivel de la pensión, deberían adoptar progresivamente una fórmula revisada de cálculo que refleje precisamente la duración de la vida activa, dado que entre 2030 y 2060 los gastos derivados del envejecimiento demográfico progresarán el doble que en el conjunto de la organización. A modo de resumen, el economista de la OCDE Andrés Fuentes dijo que el sistema español de pensiones es «demasiado generoso», ya que estas representan un 80% del salario, porcentaje más elevado que en los países de su entorno Los autores del informe también aconsejan limitar las subvenciones implícitas al cese anticipado de actividad, las prejubilaciones, que deberían ser progresivamente reducidas antes de ser eliminadas. La supresión de esas prestaciones en forma de subsidio, que se pagan a los parados de mayor edad una vez agotada la prestación contributiva, tiene como objetivo prolongar la actividad de los trabajadores mayores.

El mismo tono de dureza presenta el recetario en materia de reforma laboral, donde también se juzga que el Gobierno del PSOE se ha quedado corto. En especial, los autores critican que el dispositivo adoptado deja un amplio margen de incertidumbre respecto a la manera en que los tribunales interpretarán algunas de disposiciones.

Despidos más baratos

«Habría que asegurarse de que los derechos a indemnizaciones por despido sean sensiblemente reducidos, al menos en todos los nuevos contratos», escriben. Desde su punto de vista, la gran volatilidad del empleo en España obedece a la dualidad del mercado de trabajo entre los contratos temporales y los fijos, que deberían converger en un contrato único con una indemnización por despido muy baja al principio que vaya en aumento en función de la antigüedad.

Una vez las finanzas públicas suficientemente saneadas, la OCDE cree posible reformar el sistema fiscal mediante una transferencia parcial del peso de la fiscalidad de las rentas del trabajo hacia el consumo y el patrimonio. «La aplicación del tipo máximo del IVA a un mayor número de bienes y servicios sería un medio de incrementar los ingresos», se apunta, tras constatar que la presión fiscal total es relativamente débil en España. También se apuesta por recurrir a tasas medioambientales en lugar de subvenciones para incentivar los comportamientos respetuosos con el medio ambiente. «Alzas selectivas de esas tasas podrían servir también para financiar una reducción de ciertas cotizaciones patronales a la Seguridad Social».

La OCDE insiste en una aplicación estricta de los recortes anunciados para 2012 y 2013 con la finalidad de recuperar la confianza de los inversores. Igualmente, se pronuncia por un mayor control del gasto público de las autonomías.