El Gobierno exhibe la disciplina fiscal de las autonomías para aplacar a los mercados

«Ante las dudas, transparencia». La frase de la vicepresidenta económica, Elena Salgado, describe el objetivo perseguido por el Gobierno con la publicación apresurada de los datos de ejecución presupuestaria de las diecisiete comunidades autónomas: Aportar toda la información disponible para convencer a los mercados de que el Gobierno no tiene nada que ocultar y dice la verdad cuando alardea de solvencia. El examen a los presupuestos autonómicos constata que la administración territorial cumple la disciplina fiscal impuesta por el Gobierno central y despeja las dudas sembradas por la agencia de calificación Moody's sobre su capacidad para controlar las cuentas autonómicas.

Salgado quiso dejar claro que la presentación del balance de ingresos y gastos de las autonomías (el primero de estos dictámenes iba a publicarse en principio después del primer trimestre de 2011) no es una respuesta a la amenaza de Moody's de rebajar la nota de la deuda soberana de España si el Gobierno no despeja los interrogantes. «Les aseguro que ese no es el objetivo fundamental de esta presentación, pero ante las dudas, transparencia», zanjó al ser preguntada al respecto. Las consejerías de Economía, explicó, fueron informadas el pasado 13 de diciembre de que estos datos iban a publicarse, dos días antes del informe de Moody's pero en plenas turbulencias en los mercados de deuda soberana.

El informe del Ministerio de Economía detalla que las comunidades acumulaban al cierre del tercer trimestre un déficit de 13.061,12 millones de euros, equivalente al 1,24% del PIB nacional. En conjunto, los ejecutivos autonómicos ingresaron en los nueve primeros meses 95.044,7 millones y gastaron 108.105,82 millones. Ningún territorio presenta superávit, pero el desfase agregado en que han incurrido es, según Salgado, «perfectamente compatible» con los techos de déficit previstos en 2010 para las comunidades autónomas (2,4%, el doble del acumulado hasta la fecha) y para el conjunto de administraciones públicas (9,3%) en el informe de estabilidad enviado a la Comisión Europea.

El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, explicó el por qué del amplio margen que tienen ahora mismo las comunidades para aumentar su déficit: la ejecución del gasto de las autonomías -que tienen a su cargo la gestión de la sanidad y la educación, entre otras competencias- no es lineal y tiende a concentrarse en los últimos meses del año. De ahí que encaje dentro de las previsiones del Gobierno que dupliquen su déficit en apenas tres meses. Los gastos se multiplicarán entre octubre y diciembre, pero también el ahorro derivado de las políticas de ajuste, entre las que Salgado destacó la rebaja de sueldos de los funcionarios, que notarán los empleados públicos sobre todo en la paga extra de Navidad. Por todo ello, el Ejecutivo está convencido de que los objetivos se cumplirán a rajatabla.

Credibilidad

Horas antes el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, afirmaba en el foro Cinco Días que si la transparencia es fundamental para crear confianza, también lo es la «claridad en el mensaje». Por eso, para que no quedara ninguna duda, Salgado y Ocaña se hicieron acompañar en la presentación del informe por cuatro consejeros de otras tantas comunidades, dos de ellas gobernadas por el PSOE (Asturias y Andalucía) y otras dos por el PP (Galicia y Castilla y León).

La representante castellano leonesa, la 'popular' Pilar del Olmo, que fue vicepresidenta del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) hasta el tercer trimestre, aseguró que los datos desvelan que «se está cumpliendo la senda de estabilidad marcada» y que el compromiso de las comunidades con la consolidación fiscal es absoluto. El actual vicepresidente, el consejero socialista asturiano Jaime Rabanal, aseguró que las autonomías están «fuertemente comprometidas» con la reconducción del déficit en un momento de «dudas interesadas y desproporcionadas en relación con la solvencia de España y de las comunidades autónomas».

Salgado destacó que el Gobierno central cuenta con un instrumento de control definitivo para imponer disciplina fiscal a las comunidades, la prohibición de emitir más deuda. Este mecanismo ya ha sido utilizado en el caso de Castilla-La Mancha y Murcia, que presentan mayores desviaciones respecto de los techos de déficit establecidos, pues sus 'números rojos' ya alcanzaron en el tercer trimestre el 4,69% y el 3,12% del PIB. Navarra (0,29%), Madrid (0,53%), Andalucía (0,57%) y Galicia (0,65%) fueron las menos deficitarias hasta septiembre.