Año I después de Majadillas

Eran poco menos de las ocho de la mañana de un día gris y lluvioso de diciembre, hace hoy justo un año. Docenas de efectivos de la Guardia Civil y la policía local acordonaban la zona, y medios de comunicación de todo el país cubrían la noticia. Cuatro horas después, diez unifamiliares levantadas sin licencia eran reducidas a escombros.

Hoy martes se cumplen doce meses exactos de aquel episodio, que supuso sin duda un antes y un después en la edificación irregular en Chiclana. El derribo de los diez chalets de Majadillas pasará a la historia como el más numeroso y traumático (no ha habido ninguno más desde entonces), de cuantos se han vivido en el municipio.

Un año después, la parcela propiedad de Antonio Tocino permanece sin movimiento alguno, y apenas quedan restos de lo que fue en su día un carril privado con varias unifamiliares ajardinadas.

La orden de derribar esta promoción de viviendas emitida por Urbanismo a instancias judiciales, fue muy polémica en su día. Todavía hoy, el que se erigió en representante de la familia Tocino, José Luis Velázquez, sigue catalogando aquel 21 de diciembre de 2009 como el «día más negro en la historia urbanística de la ciudad».

En señal de protesta por lo ocurrido, el propietario llevó a cabo durante más de tres semanas una huelga de hambre a las puertas de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU). La familia no paró de exigir «justicia», y de pedir explicaciones por el hecho de que a ellos se les hubieran derribado los inmuebles, «y otros muchos, también ilegales, sigan en pie», argumentaron.

Meses después, Urbanismo reitera que su prioridad es que se derriben el menor número de casas ilegales, aunque los expedientes por construir sin licencia o en lugares prohibidos siguen creciendo. La familia Tocino tiene pendiente el pago de la multa que le impuso Urbanismo, y que se encuentra en vía ejecutiva. Su cuantía no ha sido revelada por el Consistorio. La edil del área, Cándida Verdier, recordó ayer a este medio que la Administración local «hace todo lo posible para que no se lleven a cabo nuevas demoliciones». Para ello, aseguran, que «se ha puesto en marcha la regularización, que permitirá la incorporación a la legalidad de miles de casas».

En estos momentos se tramita también el nuevo PGMO, que vendrá a dar seguridad jurídica a 15.000 edificaciones con la figura de fuera de ordenación tolerada. El derribo de Majadillas cambió el destino. Muchos se preguntan si podría haberse evitado, y otros creen que una situación como ésta podría haberse usado como ejemplo hace años antes de que el desmadre en materia urbanística se consumara.