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La ministra de Cultura impulsó la regulación de Internet. :: P. LAZCOZ
ESPAÑA

Las webs de descargas van a la huelga por la inminente aprobación de la 'ley Sinde'

El Gobierno intenta apuntalar el apoyo de los partidos minoritarios para su norma estrella sobre el uso de internet

DANIEL ROLDÁN
MADRID.Actualizado:

La red está en pie de guerra. Otra vez. La votación de la Ley de Economía Sostenible (LES) con su polémica disposición adicional que regula la descarga de contenidos de internet, más conocida como 'ley Sinde', provocó que las principales páginas de enlaces y 'streaming' (o visionado en red) amanecieran con un fondo negro y un claro mensaje: «Si se aprueba la 'ley Sinde', esta página desaparecerá. internet será una tele más, al servicio del poder. Por la libertad de expresión en la Red, No a la censura. No a la 'ley Sinde'».

De esta manera y durante doce horas, páginas como www.peliculasyonkis.com, www.pordescargadirecta.com o www.veocine.com denunciaban lo que consideran un ataque contra la comunidad internauta. Además, consideran que su futuro está comprometido si el Congreso de los Diputados aprueba la polémica norma. «Si el próximo martes 21 de diciembre algunos políticos deciden aprobar la 'ley Sinde', la internet en español que hemos conocido cambiará para siempre, y miles de páginas podrán ser cerradas desde el poder», aseguran los responsables de estas webs en un comunicado que viajó por las redes sociales rápidamente.

Los internautas reiteraron que es «inadmisible» el plan del Gobierno para regular internet. Según la LES, aprobada en Consejo de Ministros en enero, una Comisión de Propiedad Intelectual dependiente del Ministerio de Cultura será la encargada de recibir las quejas y denuncias de los ciudadanos y las entidades de gestión por «actos lesivos» contra la propiedad intelectual. Si concluye que existen irregularidades, la comisión requerirá a los propietarios de la web denunciada, antes de acudir al juez, que presenten alegaciones. Si la infracción persiste intervendrá el juez, que convocará a las partes.

Este magistrado será miembro de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Tendrá que decir en un plazo de cuatro días si mantiene u ordena el cierre de esa página web. De esta manera, se quería contentar a las sociedades de gestión de derechos de autores, que reclamaban más rapidez en el trámite de estas denuncias.

En manos del PNV

Sin embargo, la propuesta del Ejecutivo se encontró con la oposición de los partidos de la izquierda y con las dudas del Consejo Fiscal. Este organismo se cuestionó si la protección de la propiedad intelectual «debe ponerse a la misma altura» que algunos derechos fundamentales. También obtuvo los ataques de los internautas que acusaron además al Ejecutivo de dejarse influenciar por Estados Unidos a la hora de legislar y sin tener en cuenta la soberanía nacional. «Quieren una internet sumisa y controlable, que sea útil para convencer a la población, como los restantes medios de comunicación controlados desde el poder», señalaron.

Asimismo, afirmaron estar convencidos de que los gobiernos no quieren que la gente comparta información: «no quieren que sepamos quién mueve realmente los hilos, no quieren que sepamos cómo se enriquecen empobreciendo al resto de la población. Quieren una red esclava para vendernos su visión del mundo». A pesar de las críticas, el Ejecutivo aprobó el texto definitivo de la LES el 19 de marzo. En septiembre, PSOE, PNV y Coalición Canaria tumbaron las enmiendas a la totalidad.

Pero esta unidad se puede romper en la votación de mañana. Los nacionalistas vascos se están replanteando el sentido de su voto. Si no llegan a un acuerdo con los socialistas, podrían pedir una votación separada de la disposición adicional. Esta decisión abriría una puerta a la oposición para echar abajo una de las iniciativas más polémicas del Ministerio de Cultura. Izquierda Unida y otros grupos parlamentarios ya echaron en cara al Gobierno que regulase este apartado en una ley general y no presentar un proyecto específico para la propiedad intelectual. A la espera de lo que sucede en la Comisión de Economía, que contará con competencia legislativa plena, los internautas mostraban su descontento con la iniciativa. Los contrarios a la ministra González-Sinde ya superaban los 200.000 en Facebook.