Zapatero sigue la senda de Rodrigo Rato y prepara más privatizaciones

La lucha contra el déficit público y la necesidad de contener el embate de los mercados ha llevado al Gobierno a destapar la caja de las privatizaciones. Un modelo más bien alejado de los predicados tradicionales socialistas y que desde la corriente vendedora del Ejecutivo de José María Aznar, personificada en su ministro de Economía, Rodrigo Rato, apenas se había utilizado en España.

A las recientemente anunciadas ventas del 49% de Aena y del 30% de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) se podrían sumar en breve otras operaciones. El Gobierno ha solicitado, y tiene ya sobre la mesa, varios informes sectoriales del Consejo Consultivo de Privatizaciones (CCP), el organismo encargado de asesorar a La Moncloa sobre los procesos liberalizadores y que, una vez completados, se ocupa de analizar si han cumplido con los preceptivos principios de publicidad, transparencia y libre concurrencia. El CCP estudia y compara experiencias internacionales y propone al Ejecutivo distintas alternativas.

Entre 1996 y 2009, el Estado vendió 69 empresas públicas por las que obtuvo 33.949 millones de euros. Solo las operaciones anunciadas sobre Aena y LAE reportarán otros 14.000 o 15.000 millones, a los que se sumaría el dinero que pueda surgir de aquellas ventas que se preparan ahora.

Entre los informes con que cuenta el Ejecutivo destaca uno centrado en las estaciones ferroviarias, verdaderos núcleos comerciales situados normalmente en pleno centro de las ciudades y que ofrecen un enorme abanico de posibilidades comerciales. Adif gestiona el desarrollo no ferroviario de las estaciones a través de una empresa denominada Vialia.

Esta compañía se perfila como la protagonista de eventuales desarrollos comerciales de la mano de la iniciativa privada, tanto en instalaciones grandes como Atocha (Madrid) o Sants (Barcelona) como en otras ciudades de tamaño medio o, incluso, pequeño. El CCP recuerda en sus informes que las estaciones disponen de muchísimo espacio y que, habitualmente, son puntos de encuentro de barrios o ciudades enteras, lo que significa posibilidades infinitas para la instalación de comercios o servicios.

Urbanismo y ferrocarril

Además, el Ministerio de Fomento tiene casi ultimado un plan estratégico de transporte de mercancías por ferrocarril en el que los operadores privados jugarán un papel clave. El gabinete de José Blanco, ahora responsable de las políticas de Vivienda, estudia también un buen número de actuaciones urbanísticas basadas en la colaboración público-privada en los muchos terrenos de Renfe y Adif. El tren será uno de los ejes principales de la política liberalizadora del Gobierno, que analiza también todas las posibilidades para la concesión a operadores distintos de Renfe de líneas o corredores de transporte de viajeros.

En el segmento aeroportuario, pasa el que se ha anunciado sin demasiada concreción el inicio de la liberalización en 2011, aún hay mucho por hacer. El último informe específico del CCP sobre este asunto, que se suma a uno ya entregado en 2007, señala que sería «deseable» que los cambios se orienten hacia la «competencia ente los aeropuertos como instrumento generador de incentivos para la mejora de la eficiencia».

El organismo pide un marco que «evite distorsiones competitivas o ineficiencias adicionales», así como que «el fomento progresivo de la gestión privada, incluyendo la gestión de los riesgos comerciales y financieros». Lo anunciado por el Gobierno ha disparado la alarma entre los sindicatos de Aena, que temen que la llegada de privados a los aeropuertos y a las torres de control entierre derechos adquiridos y empeore sus condiciones. Los trabajos del CCP incluyen un apartado especial sobre agencias reguladoras independientes, esenciales para garantizar que el tránsito de lo público a lo privado sea tranquilo y se garantice la competencia efectiva. Más, si cabe, en negocios donde siempre ha existido un operador dominante que, con el tiempo, haya levantado barreras estratégicas a veces imposibles de levantar.

Junto a esto, el Consejo Consultivo de Privatizaciones ha puesto en manos del Ejecutivo, siempre a petición de este último, otro análisis sobre las televisiones públicas en el que repasa argumentos, justificaciones teóricas y normativas europeas sobre el concepto y la justificación del denominado 'servicio público'.