Gobierno y controladores retoman la negociación en un tenso ambiente

La tensión y la desconfianza mutua entre los controladores aéreos y el Gobierno se mantienen, pero la necesidad de acabar con una situación excepcional, que empaña tanto el normal desarrollo de la operativa aeroportuaria como la imagen de España en el extranjero, ha terminado por vencer a los recelos. O, al menos, por aparcarlos. El sindicato de técnicos aeroportuarios (USCA) y el Ministerio de Fomento retomarán el próximo lunes las conversaciones en busca de un II Convenio Colectivo del sector. El ambiente en las torres es aún muy tenso, pues el gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero ha logrado el aval del Congreso para prorrogar el estado de alarma hasta el 15 de enero.

Las posiciones de partida son muy lejanas, aunque parece factible un pacto antes del próximo 31 de enero, límite marcado por José Blanco. La elección de la fecha no es casual. Para entonces, el primer convenio llevará prorrogado la friolera de seis años. Si no hay entendimiento suficiente, la alternativa es el arbitraje. Primero voluntario y, si este es imposible, forzoso e impuesto por el Ejecutivo. La última opción no agrada a los controladores, pues saben que siempre sería más lesiva para ellos.

Para agilizar las conversaciones, la junta directiva del USCA elegirá este fin de semana a un grupo de no más de cuatro negociadores. Hasta ahora, a cada encuentro con Aena acudían hasta una docena de controladores, lo que, según la empresa, complicaba sobremanera cualquier avance. Aún no está definido quién acudirá a la reunión del lunes por parte de AENA, que define el encuentro como una «primera toma de contacto», aunque sí está confirmada la presencia de los abogados de una y otra parte.

Líneas rojas

El sindicato se felicitó por la vuelta a la mesa de negociación. Un marco que entiende la formación «es el adecuado para recuperar la concertación y el diálogo social». USCA aprovechó el anuncio de la vuelta a las conversaciones para «agradecer la posición firme de algunos miembros del Gobierno -en alusión a los reparos puestos a la prórroga por Defensa y Justicia- y de parte de los diputados, que han entendido en su justa medida que recursos propios de estados excepcionales no son los adecuados para buscar una solución».

El Gobierno señala que hay unas «líneas rojas» que, de ninguna manera, se podrán sobrepasar en la inminente negociación. Las principales, la masa salarial (480 millones de euros anuales), la jornada (1.670 horas, más otras 80 extra) y la organización del trabajo. Básicamente, lo contenido en el principio de acuerdo rubricado el pasado 13 de agosto en plena amenaza de huelga por parte del USCA, y que los controladores rompieron en añicos durante el puente de la Constitución.

AENA dice que el margen de maniobra se encuentra en el modo de distribuir ese dinero, que se reparte entre salario fijo, productividad, beneficios sociales y algunos extras. «Si quieren menos de aquí y más de allí, se puede analizar; ojalá podamos llegar a un acuerdo», afirma la empresa. Los ciclos de trabajo (hoy, cuatro días de trabajo y dos descanso) también podrían variar. Los controladores han pedido cambiar la proporción a 10/5. También parece posible algún cambio en la distribución de la jornada de trabajo, ahora dividido en cuatro categorías en función de la complejidad del centro de trabajo.

Más difícil parece cualquier cambio en lo relativo a la denominada Licencia Especial Retribuida (LER), suspendida durante tres años por la ley 9/2010 (la que deviene del 'decretazo' del 5 de febrero) y que permitía a los profesionales mayores de 52 años y con 30 de profesión retirarse cobrando casi el 100% de su sueldo.

Los controladores también quieren rebajar de forma gradual sus horas anuales de trabajo hasta las 1.450 en 2014, algo a lo que la empresa también se opone. USCA recuerda que la LER «es un derecho en muchísimos países» vinculado al alto nivel de estrés de la profesión, e insiste en que sus peticiones «están en el marco de normal en el resto de Europa».