Empresas en quiebra para blanquear dinero sucio

De una red de distribución de cocaína desmantelada a principios de verano, la Guardia Civil ha sacado mucho provecho, tanto que ha terminado desbaratando el negocio de un experto estafador de Jerez. Del narcotráfico a las falsificaciones, el blanqueo o la asociación ilícita. El abanico de delitos destapados en la ‘operación Monchito’ es tan amplio como el número de detenciones realizadas hasta la fecha (84). Los últimos 42 arrestos, difundidos en la edición de ayer, están vinculados a la rama financiera con la que trabajaban los narcotraficantes apresados meses atrás. Unos traficantes que además de lucrarse con la cocaína, tenían muy diversificado su negocio. Una de sus ‘divisiones’ consistía en la duplicación de tarjetas de crédito de ciudadanos extranjeros, a las que cargaban pagos con la connivencia de clubes de alterne.

De la documentación requisada en julio, los agentes de la Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz supieron de la vinculación que tenía la organización con un vecino de Jerez, Justo M. V., quien tenía una asesoría financiera que en realidad servía de tapadera para otros negocios menos respetables como el blanqueo de los ingentes beneficios que obtenían sus clientes con la droga. La cuarta fase del ‘caso Monchito’ se ha centrado en él y en su peculiar fórmula de estafar a concesionarios y entidades financieras. La enorme madeja que han ido desenredado los investigadores puede deparar más detenciones, según confirmó ayer un portavoz de la Guardia Civil.

Quince firmas de saldo

Según recogen las diligencias de los agentes, al menos desde 2007 Justo M. V. se dedicó a comprar empresas en quiebra. La situación de bancarrota de esas sociedades le permitía al principal implicado en esta nueva fase, adquirirlas a precio de saldo. Coincidía que por esas fechas comenzaba el declive de la economía mundial y en España las primeras víctimas pertenecían al sector inmobiliario. De las quince empresas que llegó a comprar, la mayoría estaban relacionadas con la construcción.

Al frente de esas sociedades colocaba a toxicómanos y personas muy necesitadas que manejaba a su merced. Entre los documentos que les hacía firmar estaban los poderes notariales para poder controlar de facto las empresas, confirmaron fuentes del Instituto Armado. Aunque no tenía intención de reflotarlas, daba esa apariencia contratando líneas de crédito y adquiriendo patrimonio, como coches de lujo, a nombre de cada sociedad. Ahí residía el verdadero interés de este presunto estafador.

Hasta 42 vehículos de gama alta adquirió a nombre de las empresas pantalla mediante fórmulas de financiación o ‘leasing’ (alquiler). Esas facilidades en la compra las conseguía porque las financieras o concesionarios creían que cerraban acuerdos con empresas solventes y no con firmas administradas por hombres de paja. Sin embargo, cuando llegaba la hora de cobrar, los afectados no recibían su dinero ni tampoco podían pedir la devolución del vehículo porque había sido vendido a terceros, tras sucesivas operaciones de compra-venta. Además, descubrían la verdadera cara de los dueños de las empresas: unos toxicómanos insolventes que no podían hacer frente a ninguna reclamación patrimonial. Este tipo de estafa la repitieron en once provincias españolas como Madrid, Sevilla, Málaga o Soria.

Justo M. V. fue puesto a disposición judicial el miércoles por la mañana en los juzgados de Arcos y quedó en libertad con cargos como el resto de implicados. Sin embargo, la Fiscalía ha recurrido esta decisión y pide que sea enviado a la cárcel.