Los consumidores rechazan cualquier subida de la luz que supere el IPC

Las asociaciones de controladores no han perdido un segundo en dar a conocer su rechazo frontal a cualquier subida de la tarifa eléctrica que supere la variación del conjunto de los precios de consumo. El Gobierno asegura que el incremento que se aplicará a partir del próximo 1 de enero a los clientes domésticos y el pequeño comercio «está por decidir», pero los cálculos que el sector ha adelantado sobre la base de la regulación vigente, y que alcanzan hasta un 10% de subida, han provocado reacciones en cadena.

Facua, CEACCU y UCE, entre otras, han puesto en cuestión el procedimiento de cálculo, por estimar que solo favorece los intereses de las compañías. Todas las organizaciones creen llegado el momento de modificar el sistema por el que se determina la llamada Tarifa de Último Recurso. La variación trimestral de la TUR se decide a partir de dos elementos. El primero de ellos, el bautizado como «peajes», lo establece el Gobierno para retribuir los costes del sistema. Ahí están las primas a las energías renovables, y la factura de un déficit acumulado durante largos años de reconocer unos costes de generación que no se veían reflejados en las tarifas. A instancias del Ministerio de Industria, este componente, que representa el 50% del aumento, va a quedar congelado en esta ocasión. La otra mitad de la evolución de la TUR se establece tomando en cuenta el resultado de una subasta mayorista de energía en la que los generadores son los proveedores, y los comercializadores los compradores. Curiosamente, cuando una puja de este tipo sirve para determinar la variación de la tarifa, los precios se disparan. Y este mes de diciembre, el repunte del coste de la energía fue del 4,7%.