Reconoce ante el tribunal que falsificó carnés robados para sacar dinero del banco

Francisco Javier R. I. ideó el método ideal para sacar dinero ajeno de los bancos sin necesidad de violencia: ni armas, ni rehenes, ni peligrosos atracos con pasamontañas y huidas a la carrera en coche.

Todo se haría pacíficamente, él solo y a cara descubierta. No en vano, su rostro era precisamente la piedra angular de sus golpes, pues el plan consistía en pegar su fotografía en diversos carnés que había robado previamente del interior de vehículos, y así hacerse pasar por los dueños para extraer el dinero en los bancos. El disimulo, la actuación y la persuasión también eran fundamentales en su plan maestro, pues los documentos que utilizaba no siempre eran los oficiales y tenía que convencer a los empleados de los bancos para que se los admitieran como válidos: en una ocasión utilizó una fotocopia de DNI, en otra, un carné de conducir caducado y hasta el carné profesional de una empresa insecticida.

Francisco Javier R. I. reconoció ayer la estafa ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Cádiz, que lo juzgó por tres golpes cometidos con este 'modus operandi' en la provincia de Cádiz a lo largo del verano de 2009. En ellos se hizo con 2.970 euros. El estafador admitió cada uno de ellos, así que el juicio concluyó con rapidez. Ni siquiera hizo falta que comparecieran los testigos que esperaban en el pasillo. La confesión no sólo aligeró la vista oral. También supuso un cambio en la acusación que había hecho el fiscal, que al principio pedía más de 25 años de prisión para Francisco Javier por tres delitos de robo, tres de estafa, tres de falsificación y tres más de usurpación; y ayer, sin embargo, redujo su solicitud de pena a sólo ocho años de cárcel -dos por robo y seis por estafa continuada en concurso con la falsificación. Es decir, eliminaba la usurpación y retiró el agravante por reincidencia.

La defensa pide otra condena

La rebaja no se debía a un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa, pues el acusado no ha llegado a conformarse con una sentencia. De hecho, el abogado defensor -José Ignacio Toscano- se opuso a la pena que había planteado el fiscal y pidió una condena diferente, con más años de cárcel para su cliente: nueve en total -un año por cada delito imputado, incluido el de usurpación-, con la salvedad de que, según la Ley, cuando un reo suma varias condenas, sólo cumple el triple de la pena mayor. Es decir, tres años.

El caso ha quedado visto para sentencia y será el tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia el que decida cual de las penas es la más ajustada a la Justicia.