Arenas pide a la FAMP que exija a Zapatero más dinero para los municipios

El líder del PP andaluz, Javier Arenas, anunció ayer que los alcaldes de su partido pedirán una asamblea extraordinaria de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) en enero para reivindicar la reforma de la financiación local y su estabilidad presupuestaria. Una petición dirigida al Gobierno de Rodríguez Zapatero, al que el PP también exige otras medidas, como una línea de crédito ICO para los ayuntamientos, aplazar las devoluciones al Estado hasta que entre en vigor un nuevo modelo de financiación, permitirles a los ayuntamientos refinanciar los vencimientos de deuda y flexibilizar su capacidad de endeudamiento. En definitiva, medidas que el PP está reivindicando a nivel nacional ante la asfixia económica de los ayuntamientos. Según Arenas, a estos les hace falta «un manual de supervivencia» para poder seguir prestando servicios a los ciudadanos.

La reunión del comité de alcaldes del PP estaba previsto celebrarse en Granada, pero a última hora se cambió por Sevilla. A la misma sólo acudió uno de los cinco alcaldes de capitales gobernadas por el PP, el de Almería, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador. Faltaron el de Málaga, Francisco de la Torre, la de Cádiz, Teófila Martínez, el de Huelva, Pedro Rodríguez, y el de Granada, José Torres Hurtado. Este último se excusó por el óbito del granadino Enrique Morente.

El acto en sí, al que fue invitada la dirigente del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, se enmarca en una precampaña de las municipales que se vislumbra reñida. Arenas volvió a mostrarse convencido de que el PP arrasará en toda España y tendrá resultados como nunca. «Vamos a ser el partido con más concentración de poder en los ayuntamientos desde 1979», dijo.

Por la tarde, Javier Arenas se reunió con los dirigentes sindicales de CC OO y UGT para abordar la ley que sustituirá al decreto de reordenación del sector público. El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, aseguró que su partido se ha comprometido al «máximo consenso» con grupos políticos y sindicatos para el trámite de esta ley, pese a que insistió en que lo mejor hubiese sido derogar el decreto y empezar «de cero». Pastrana y Carbonero valoraron esta disposición.