Límites al estado de alarma

La inminencia de las fechas señaladas de Navidad y Año Nuevo empujan al Gobierno a asegurarse la tranquilidad en los cielos españoles mediante la prórroga del estado de alarma que decretó el pasado día 4 «para la normalización del servicio público esencial del transporte aéreo» y cuya vigencia era de quince días, el máximo autorizado por la Ley Orgánica 4/81 que regula los Estados de Alarma, Excepción y Sitio. Dicha Ley Orgánica establece que solo se podrá prorrogar el mencionado plazo «con autorización expresa del Congreso de los Diputados, que en este caso podrá establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga». En principio, no produce rechazo la cautela gubernamental después de lo sucedido el viernes 3 de diciembre, cuando los controladores abandonaron en masa sus puestos de trabajo provocando un inenarrable caos en los aeropuertos. Sin embargo, no puede olvidarse que la declaración del estado de alarma es una inquietante determinación excepcional que solo se justifica si por lo súbito del problema y por lo perentorio de la necesidad que hay que colmar no se pueden adoptar medidas convencionales. Y en este caso, la prórroga de la excepción no se produce para dar tiempo a la solución del problema de fondo sino porque se teme que, con las decisiones adoptadas, el problema persista y aun se haya agravado en varias direcciones. En efecto, todo indica que, a medida que avancen los procedimientos penales y laborales abiertos contra los controladores, que en efecto merecen ser sancionados sin falta, se producirán bajas en el colectivo, que si ayer estaba disconforme con su situación, más lo estará después de recibir las duras sanciones que se anuncian. Así las cosas, es lógico que la oposición parlamentaria, antes de apoyar o no al Gobierno en esta prórroga, reciba del Ejecutivo cumplidas explicaciones de cuál es su estrategia y de cómo piensa asegurar el buen funcionamiento del tráfico aéreo cuando los controladores vuelvan a ser civiles y la alarma haya cesado. Ya sabíamos, al ver la solución extrema del Gobierno, que no sería fácil recobrar la normalidad, pero ello no significa que tal impotencia pueda justificar un perpetuo recorte de derechos que ha de ser por su propia naturaleza excepcional