El PP trata de frenar la expansión del 'caso Gürtel' a Castilla y Léon

El PP y sus principales sospechosos en la trama 'Gürtel' en Castilla y León han emprendido una ofensiva jurídica para evitar que la investigación se extienda a los tribunales de esa comunidad, como solicitó el pasado 29 de noviembre el juez del tronco central de la causa, Antonio Pedreira. El partido opositor y los acusados han presentado en la última semana cuatro escritos en el registro del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en los que piden la suspensión de la inhibición o bien recurren esta decisión.

La dirección nacional del PP ha pedido la «paralización» de los trámites para enviar parte de la causa a Castilla y León, pues entiende que el auto de inhibición contiene «notorios errores materiales de redacción» que deben ser «corregidos» o «aclarados» antes de pedir el traslado.

A este escrito se unen los recursos de los tres ex aforados a los que la Fiscalía Anticorrupción y Pedreira acusan de haber mediado para conseguir contratos amañados para la trama de Francisco Correa en Castilla y León, el ex senador y ex tesorero del PP Luis Bárcenas, el ex diputado nacional por Segovia Jesús Merino, y el ex parlamentario europeo Gerardo Galeote.

«Arbitrarias»

Bárcenas exige al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anule el auto de inhibición y redacte uno nuevo en el que excluya su nombre. Alega que la Policía y la Fiscalía han vinculado su nombre con la trama en Castilla y León basándose en supuestas pruebas «intuitivas y arbitrarias» y por el mero hecho de que existe una persona identificada con una 'L' en los libros de contabilidad.

En el caso de Jesús Merino, que también reclama la nulidad del auto, denuncia una «inquisición general» y alega que nunca ha estado vinculado a la firma que supuestamente medió con la red 'Gürtel', al margen del hecho de que ningún testigo o imputado ha señalado a Merino en relación con los contratos de Castilla y León que ganaron Correa y los suyos.

En la misma línea, Galeote niega cualquier vínculo societario con las empresas bajo sospecha en aquella comunidad y exige al Superior de Madrid que «omita cualquier referencia» al ex eurodiputado en el auto de inhibición «al no existir en su contra elementos que justifiquen cualquier imputación».

Pedreira acordó hace dos semanas enviar parte de la investigación sobre la trama corrupta al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León al constatar que hay indicios de que el presidente del Parlamento de esa comunidad, José Manuel Fernández Santiago, pudo cobrar «irregularmente» 39.000 euros como sobornos por intermediar en la adjudicación para la construcción de la variante de la localidad leonesa de Olleros de Alba.

En ese mismo auto, el magistrado explicaba que Correa repartió otras 'mordidas' a los supuestos muñidores de aquella adjudicación. Siempre según el juez, Galeote habría percibido 26.400 euros, Bárcenas se habría hecho con 18.600 y Merino se habría embolsado otros 18.600.