La reforma para cerrar la puerta a Batasuna estará lista en febrero
El Congreso aprobará los cambios la próxima semana para que el Senado los ratifique tres meses antes de las elecciones municipales
MADRID. Actualizado: GuardarLas reformas que buscan cerrar a Batasuna hasta la última grieta legal por la que colarse en las instituciones estarán aprobadas y en vigor en febrero próximo, tres meses antes de que se celebren las elecciones locales en el País Vasco y Navarra a las que la izquierda 'abertzale' ya ha anunciado que pretende presentar listas.
Esos son los cálculos de PP y PSOE, los partidos que impulsan la reforma legal. Ambos han pisado el acelerador parlamentario con la intención de que las fuerzas de seguridad, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que ya investigan los planes del entorno de ETA, dispongan con tiempo suficiente de los instrumentos legales que impidan al brazo político de la banda repetir los trucos con los que durante años logró burlar la ilegalización y seguir en las instituciones. El Congreso aprobará las modificaciones en la ley electoral y la ley de partidos la semana próxima, y el Senado las ratificará en febrero, nada más comenzar el próximo período de sesiones, en una tramitación que se prevé rápida porque los partidos mayoritarios van a rechazar todas las enmiendas de los nacionalistas e IU.
Pese a su proscripción en 2003 por el Tribunal Supremo y a los controles legales posteriores, Batasuna logró estar en las autonómicas de 2005 y en las municipales de 2007 a través de los partidos entonces legales Partido Comunista de las Tierras Vascas y Acción Nacionalista Vasca, en las europeas de 2009 con Iniciativa Internacionalista, y ningún instrumento jurídico ha logrado impedir que aún tenga 42 alcaldes y 430 concejales (de ANV), algunos de los cuales se negaron a condenar el asesinato de compañeros de consistorio a manos de los terroristas.
Pantallas y engaños
La formación proscrita tampoco podrá ya mantenerse oculta tras una pantalla hasta las cercanías de los comicios, como ocurrió con PCTV o Iniciativa Internacionalista. El plazo de impugnación de listas ante el Supremo se extiende a la primera semana de campaña y, además, si tras las elecciones se descubre el engaño, el alto tribunal podrá suspender la proclamación de los candidatos electos si la Fiscalía anuncia que en 15 días impulsará un proceso de ilegalización contra el partido que les ha servido de cauce o demuestra la vinculación de la agrupación electoral en que han sido votados con una formación proscrita. Mientras el Supremo decide si son anulados estos electos, la plataforma sospechosa no podrá recibir subvención o ayuda electoral alguna.