El Gobierno quiere unas Navidades en paz

El Gobierno está casi decidido a prorrogar el estado de alarma que dictó el 4 de diciembre y vence el próximo sábado tras la huelga salvaje de los controladores aéreos. El Consejo de Ministros se reunirá de forma extraordinaria hoy a última hora de la tarde para tomar la decisión y si esta es favorable a ampliar la medida de excepción, como todo hace pensar, se someterá el jueves a la consideración del Congreso. El Ejecutivo espera contar con el respaldo de CiU, PNV y Coalición Canaria para ratificar la decisión. No confía en lograr el apoyo de los grupos de izquierda, pero tampoco el del PP. En este caso porque el partido opositor es contrario a tomar una medida de excepción de estas características solo por precaución.

El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero no está dispuesto a arriesgarse a que los controladores organicen otro motín en los aeropuertos en las fiestas navideñas, una de las épocas del año en que más viajes se registran. Otra protesta de esas dimensiones originaría un nuevo caos nacional e internacional, y liquidaría la imagen de firmeza y de capacidad de respuesta eficaz que se labró el Gobierno en la huelga del 3 y 4 de diciembre con la militarización del colectivo y la declaración del estado de alarma.

El ministro de Fomento, José Blanco, presentará hoy en el Consejo un informe de la situación que es favorable a la ampliación de la medida por la incertidumbre existente sobre la actuación de los controladores. Fuentes gubernamentales indicaron, no obstante, que solo si se alcanzara un compromiso firme con los trabajadores de AENA de que no va a haber protestas de ningún tipo en los próximos días podría replantearse la decisión. Fuentes socialistas revelaron que hay contactos con representantes sindicales del colectivo, aunque no aclararon si por parte de miembros de la administración o a través de personas interpuestas. Estas mismas fuentes también se mostraron convencidas de que es muy improbable que se produzca un acercamiento porque el Gobierno necesita dar una respuesta ejemplarizante a los técnicos de AENA.

Unanimidad

En las horas previas a la decisión no había, sin embargo, unanimidad entre los ministros, aunque son mayoría los partidarios de ampliar 15 días más la vigencia de la medida de excepción. El vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, manifestó en Sevilla que los ciudadanos no deben tener «duda» de que el Gobierno va a hacer todo lo que esté en su mano para garantizar la seguridad aérea y «la movilidad» de los ciudadanos. Si para ello, añadió, es necesario prorrogar el estado de alarma, «pediremos la prórroga». El vicepresidente tercero, por el contrario, consideró en Las Palmas de Gran Canaria que el tráfico aéreo «está garantizado». Manuel Chaves se mostró convencido de que «no hay en absoluto ningún riesgo» de que las vacaciones navideñas no transcurran con normalidad. Una forma de decir que no ve imprescindible alargar las medidas adoptadas.

A diferencia de la primera declaración de estado de alarma, que entró en vigor nada más acordarlo el Consejo de Ministros el 4 de diciembre, la prórroga requiere que la apruebe el Gobierno y la ratifique el Congreso por mayoría absoluta. Zapatero, si se decide la ampliación, explicará el jueves por la mañana en la cámara las razones de la decisión y el Parlamento fijará el alcance y la duración de la medida, que será de dos semanas. El Gobierno cuenta con los votos, por supuesto, del PSOE, y de los nacionalistas catalanes, vascos y canarios, con los que alcanzará con facilidad la mayoría absoluta en el Congreso. Fuentes parlamentarias de los tres grupos coincidieron en señalar que serían partidarios de otra alternativa menos drástica, pero que si el Gobierno lleva al Parlamento la prórroga porque existe una amenaza de más desórdenes y esa opción es «la única garantía» para salvaguardar el orden, la apoyarán con sus votos.

Ya han anticipado que votarán en contra Izquierda Unida, Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya y Bloque Nacionalista Galego por la, a su juicio, desmesura de la respuesta gubernamental ante un conflicto que se debería solucionar por los cauces del diálogo y la negociación.

El Gobierno no espera que el PP esté de su lado, pero el partido opositor, de momento, no mueve ficha. Esperará a desvelar su postura hasta que el Gobierno tome una decisión y, sobre todo, hasta oír su explicación sobre «qué ha hecho» desde que decretó esta medida de excepción hasta hoy para solucionar el conflicto por otras vías más «normales».

La secretaria general, María Dolores de Cospedal, no obstante, ofreció ayer alguna pista de cuál puede ser la decisión final de su partido. «No se puede declarar un estado de alarma con carácter preventivo; no puede ser que los estados de excepción se conviertan en estados ordinarios», apostilló tras la reunión del comité de dirección de los populares.

Llamada

La número dos del PP comentó que sería «sorprendente» que el PP fijase su posición antes de que lo haga el Gobierno. Lamentó además que Rubalcaba llamase el sábado a Mariano Rajoy para tantear la predisposición del líder del PP a resopaldar la ampliación de la medida y, sin embargo, no le explicara de forma clara qué iba a hacer el Gobierno.

Es más, dijo molesta Cospedal: «Horas más tarde Rubalcaba insultó gravemente a la persona a la que había llamado para pedir ayuda», en referencia a las críticas del vicepresidente al líder de la oposición en un mitin de los socialistas valencianos.

Los populares reprochan al Gobierno de Zapatero que haya sido incapaz en seis años y medio de mandato de firmar un nuevo convenio colectivo para el sector de los controladores aéreos y ahora pretenda emplear «un estado de excepción» como herramienta de negociación en un problema que no es más que laboral.