Editorial

Deporte bajo sospecha

Urge mejora la legislación y perfeccionar los controles en la lucha contra el dopaje

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La detención por la Guardia Civil de la plusmarquista española Marta Domínguez en su domicilio palentino –que fue registrado– junto a otras personas por el presunto delito de haber distribuido sustancias dopantes a deportistas es por ahora el último hito de un reguero de episodios que jalonan la refulgente trayectoria del deporte español, que en los últimos años ha hecho brillar a este país y le ha otorgado una inmensa visibilidad, que difícilmente se hubiera podido lograr por otros caminos. La detención de Domínguez en el marco de la ‘operación Galgo’ ha sido simultánea a la de varios presuntos cómplices, entre ellos el médico canario Eufemiano Fuentes, con larga y sospechosa carrera este mundo sórdido del dopaje a deportistas, que va desde el oscuro positivo del ciclista Perico Delgado en 1988, finalmente sobreseído, hasta la ‘operación Puerto’ en 2006, que pareció ser una vasta red de suministro de sustancias dopantes. Al ser juzgado Fuentes, no existía el dopaje como figura penal, por lo que, juzgado por presunto delito contra la salud pública, su caso fue archivado. Varios intentos de reabrir el proceso no han dado resultado, y Fuentes, ginecólogo, sigue ejerciendo la medicina. El mundo del ciclismo español, implicado en la ‘operación Puerto’, no ha conseguido liberarse de la sospecha, y, tras la detección en la última Vuelta a España de sendos positivos de Ezequiel Mosquera, segundo en la general, y de su compañero David García, ha saltado a la luz el presunto positivo de Contador, todavía pendiente de resolución. En el atletismo, José Luis Blanco, medalla de bronce de 3.000 obstáculos en el pasado Europeo de Barcelona, y el marchador Paquillo Fernández, condenado a un año de suspensión, han añadido eslabones a esta ominosa cadena. Es claro que la legislación española vigente –básicamente la ley 7/2006, de 21 de noviembre, de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte, y otras normas de desarrollo– no consigue disuadir del todo a los atletas. Habrá que extremar la cautela, mejorando la legislación y perfeccionando los controles, para que nuestro deporte se libere de esta lacra, que amenaza evidentemente la buena imagen deportiva de nuestro país, lograda a base de esfuerzo y sacrificio.