La Fiscalía pedirá hasta ocho años de prisión a los controladores que instigaron la huelga

El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, dio ayer órdenes a los fiscales jefes de los tribunales superiores de justicia para que hagan caer todo el peso del Código Penal sobre los más de 400 controladores aéreos que no se presentaron o abandonaron su puesto el viernes y sábado pasados. El Ministerio Público pedirá ocho años de cárcel a los que instigaron la huelga salvaje por un presunto delito de sedición, según recoge la Ley Penal de Navegación Aérea. Los primeros 12 controladores que fueron citados ayer por la Fiscalía de Madrid se negaron a declarar al entender que la autoridad competente para investigar los hechos es la jurisdicción militar, una vez que el Gobierno decretó el estado de alarma.

En una junta de fiscales celebrada en Zaragoza, Conde Pumpido y sus subordinados acordaron unificar el criterio que usará el Ministerio Público en las diligencias a los controladores sublevados. Todos serán investigados por un supuesto delito de sedición por el abandono de su puesto de trabajo. Sin embargo, la Fiscalía distinguirá con claridad entre los funcionarios que lideraron el motín y los que se limitaron a secundarlo. Para ello analizará en profundidad «caso por caso» y aplicará las responsabilidades penales con «agravantes y atenuantes» en función de su implicación en los hechos.

El objetivo prioritario será, en todo caso, identificar a los dirigentes que promovieron la huelga. A este grupo se aplicará el agravante dada su responsabilidad en la paralización del tráfico aéreo durante 20 horas. «Un delito muy grave penado con entre tres y ocho de años de prisión», anunció Conde Pumpido, ya que se trató de un abandono «premeditado, concertado y colectivo» de los aeropuertos con un «grave daño» para más de 650.000 viajeros y para la economía del Estado.

Cerco a los instigadores

Las fiscalías provinciales ya buscan a los líderes que impulsaron el complot con los atestados que les ha entregado la Policía Nacional, la Guardia Civil y AENA. Por su parte, el Ministerio Público también ha ordenado a las fuerzas de seguridad que desentrañen quién orquestó la huelga. Para ello no descarta investigar el tráfico de llamadas, mensajes o correos de los controladores para determinar si hubo una concertación para causar el motín.

En todo caso, el Ministerio Público no pretende realizar un proceso general a los más de 400 controladores involucrados en la protesta. Dará un trato «más favorable», incluso eximirá de toda acusación penal a aquellos trabajadores que, aunque se ausentaron de sus puestos, lo hicieron obligados y regresasen a las torres en cuanto fueron requeridos por la autoridad castrense, una vez se decretó la militarización del espacio aéreo. Para este segundo grupo, la Ley Penal de Navegación Aérea contempla penas menores que van de los tres meses a los tres años de cárcel.

Precisamente, los primeros 12 controladores que fueron citados ayer por la Fiscalía de Madrid se acogieron a su derecho a no declarar. Era el grupo de trabajadores que se encontraba reunido en un hotel de Madrid el viernes por la noche después de la sublevación en las torres de control y que fueron identificados por la Guardia Civil. El fiscal Eduardo Esteban explicó que todos alegaron que la competencia del caso corresponde a la jurisdicción militar por el estado de alarma decretado el pasado sábado y la militarización del espacio aéreo.

El fiscal consideró que el argumento es erróneo ya que los hechos se produjeron antes de que el Gobierno decretase la militarización del aeropuerto. Es más, el Ministerio Público no tiene constancia de que alguna de las 20 diligencias abiertas por la huelga la investigue la justicia militar porque ningún técnico desobedeció a los mandos militares ni se ausentó injustificadamente del trabajo desde que el sábado, a las 14.00 horas, entró en vigor el estado de alarma.

Una vez que concluyan las declaraciones de los controladores involucrados en el paro aéreo, las diferentes fiscalías territoriales trasladarán las denuncias a los juzgados de instrucción correspondientes para que abran los procedimientos penales. La razón de parcelar las diligencias es que la sedición aérea, por naturaleza, no es un delito cuya investigación competa a la Audiencia Nacional.