Los sindicatos prevén acciones contundentes contra la política «antisocial» del Gobierno

La frustración de los sindicatos ante las medidas de ajuste del Gobierno, que entienden «antisociales», va en aumento. El malestar es creciente y, por esa razón, CC OO y UGT advierten de que tienen previsto convocar «acciones más contundentes». Ambas centrales explicaron que las concentraciones ya previstas para el 15 y el 18 de este mes «no son el final de nada», y subrayaron que no descartan más movilizaciones si el Ejecutivo no corrige los aspectos más «lesivos» de la ley del mercado laboral, así como los proyectos que tiene previstos para los próximos meses, entre los que destaca la aprobación de la reforma de las pensiones.

Las direcciones nacionales de CC OO y UGT todavía no han hablado directamente de huelga general. Aun así, el desasosiego es cada vez más latente en sus organizaciones territoriales. Los últimos en sumarse a este malestar fueron, este jueves, sus secretarios generales en el País Vasco, Unai Sordo y Dámaso Casado, respectivamente. Señalaron que la jubilación a los 67 años es una «línea roja y bien gruesa» que no están dispuestos a traspasar. «Volvería a generar una confrontación con las organizaciones sindicales de alto voltaje, de máximo nivel, en la que evidentemente no descartamos ninguna actuación», aseguró Sordo.

«No rehuiremos cualquier movilización contundente para frenar la reforma de las pensiones. Hay que aumentar el grado de las protestas», destacó el secretario confederal de Acción Sindical de CC OO, Ramón Górriz. Indicó que hay que trabajar ya como si de una convocatoria de huelga general se tratase. Aun así, remarcó que el primer paso son las concentraciones previstas para este mes, que deben de ser lo más multitudinarias posibles para contrarrestar «la ofensiva del Gobierno». Destacó que el Ejecutivo está apostando por «un camino sin rumbo», que provoca un elevado grado de conflictividad y tensión social.

Su homólogo en UGT, Toni Ferrer, aseguró que el Gobierno «se ha entregado a las posiciones más neoliberales» y, en las últimas fechas, ese «viraje» ha aumentado con las medidas de ajuste y las reformas «más allá del diálogo social». Aseguró que temen que la supresión de la ayuda de 426 euros mensuales a los parados sea el primer paso dentro de una línea de actuación que agrave la situación de los parados o rebaje su nivel de protección.

Según los sindicatos, antes de la elección de Valeriano Gómez como titular de Trabajo hubo una fase en la que parecía que se iban a «tender puentes» y recuperar el diálogo social. Ambas formaciones confiaban que su nombramiento iba a suponer un soplo de aire fresco, ya que el nuevo ministro había sido crítico con la reforma laboral, secundó la huelga general el 29-S y además ha sido afiliado de UGT. Pero, para su sorpresa, una vez realizado el cambio de Gobierno todas esas intenciones han pasado a la nada.

A golpe de decreto

Los secretarios generales de ambas formaciones, Ignacio Fernández Toxo (CC OO) y Cándido Méndez (UGT), señalaron que el ultimátum marcado por el Ejecutivo para reformar las pensiones antes del 28 de enero puede convertir en una intolerable «pantomima» la negociación del Pacto de Toledo y con los agentes sociales. Acusaron al Ejecutivo de gobernar «a golpe de decreto» hasta extremos «casi incompatibles» con la democracia. «El Gobierno pretende tirar por la calle del medio buscando el aplauso del Ecofin pero no el de los ciudadanos», alertó Cándido Méndez.

Pero las movilizaciones no son la única forma que están utilizando los sindicatos para desaprobar las políticas del Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero. Este jueves registraron una Iniciativa Legislativa Popular ante el Congreso de los Diputados, con la que buscan revertir la reforma laboral del Gobierno. Su objetivo es recoger 500.000 firmas y reabrir el debate parlamentario antes de las elecciones municipales de mayo.

Ambas organizaciones señalaron que los cinco meses que lleva en vigor la nueva ley han demostrado que no se crea empleo y que la temporalidad va en aumento. «Los objetivos de la reforma no se cumplen. A no ser que estén pensando en convertir a todos los trabajadores en temporales», apuntó Górriz.