EL PUERTO ENSAYA SU MANUAL DE URBANIDAD

La cruzada por la moralidad pública que empezó en Barcelona, se extendió a Granada y acaba de triunfar en Málaga, llega ahora a El Puerto de Santa María. El socialismo catalán y la derecha andaluza, en sus distintas vertientes, nos quieren imponer un manual de buenas costumbres, bajo amenaza de sanciones, quizá porque la letra con sangre entra o porque a los ayuntamientos les hace falta 'cash'. En El Puerto, el asunto lleva dando ruido desde hace un año, destapando todo tipo de bulos, tal que la Corporación iba a prohibir los besos callejeros como en China. Y que iba a perseguir la emisión de tacos como sustancias nocivas y peligrosas, con lo que habían corrido peligro incluso muchos versos de Alberti . La llamada Ordenanza para la Convivencia, que puede consultarse en la web del Ayuntamiento, protagoniza un strip-tease público de dos meses, antes de su aprobación definitiva. Finalmente, sus grandes titulares quedan en lo de siempre: la ley del silencio para la música y la prostitución oculta bajo la alfombra. Habrá contagio.

Claro que también se persigue, faltara más, el llamado acoso escolar, la discriminación de contenido xenófobo, racista, sexista u homófobo, o de cualquier otra índole. El equipo de gobierno también regula el botellón y tampoco olvida distintas formas de vandalismo, las pintadas, la tenencia de animales domésticos, la limpieza, el absentismo escolar, o la mendicidad, en ocho capítulos estilo Catecismo Ripalda.

Las normas relativas a la prostitución establecen multas entre 750 y 3.000 euros -duplica las sanciones de Málaga- y que fijan una orden de alejamiento de hasta 200 metros de distancia respecto a centros docentes o educativos: «Igualmente, está especialmente prohibido mantener relaciones sexuales mediante retribución por ellas en el espacio público». ¿Y sin retribución? De entrada, su contenido ya ha suscitado las protestas de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía que ayer sábado concluía su VIII Congreso Internacional en Cádiz y a cuya militancia no ha gustado su redacción en lo que se refiere al trato que se dispensa no sólo a las prostitutas sino a los indigentes y «a las personas que viven las consecuencias de la exclusión». En el caso de las prostitutas, «se verán obligadas a esconderse o desplazarse. A hacerse invisibles. Se tendrán que marchar al extrarradio y así no se resuelve su situación de marginalidad», denuncian. La APDHA pregunta dónde se han metido las medidas sociales y de apoyo. Y por qué sólo se habla de castigos. ¿Se pueden penalizar las apariencias y bajo qué criterios?: «Sancionar económicamente al que lucha por sobrevivir en el día a día no aporta nada a la convivencia de nuestra ciudad, al contrario, aumenta su vulnerabilidad y exclusión». Estas y otras asociaciones conocen de cerca la insuficiencia de recursos: «Los servicios de emergencia social existentes en la actualidad no bastan para una sociedad en la que una buena parte de sus miembros están viviendo ya en situaciones de exclusión o están al borde de la misma».

Para Izquierda Unida, la iniciativa portuense no se trata en rigor de un manual de urbanidad sino de una máquina tragaperras: un instrumento recaudador con la manifiesta intención de hacer caja. Así, se pretende sancionar también aquellas conductas «que adoptan forma de mendicidad insistente, intrusiva o agresiva, así como organizada», máxime, ahí sí está claro, si utilizan menores. El propósito principal es acabar con los gorrillas, pero también con aquellos que se ganan la vida con «el ofrecimiento de cualquier bien o servicio a personas que se encuentren en el interior de vehículos, privados o públicos. Se considerarán incluidos en este supuesto, entre otros comportamientos, la limpieza de parabrisas de vehículos detenidos en los semáforos o en la vía pública, así como el ofrecimiento de cualquier objeto y el ofrecimiento de lugar para aparcamiento en el espacio público a los conductores de vehículos con la intención de la obtención de un beneficio económico por personas no autorizadas, los cuales serán considerados en todo caso formas coactivas de mendicidad».

Las ordenanzas no sólo permitirán perseguir a las magdalenas sino a los echadores de cartas, videntes y tatuadores y, por supuesto, el top manta, bajo el circunloquio de actividades «que contradigan la legislación sobre la protección de las propiedades industrial e intelectual, la competencia desleal y los derechos de los consumidores y usuarios». Si ya era complicado que se pudiera ofrecer música en vivo en los locales públicos, ahora los artistas no tendrán donde irse con la música a otra parte, ya que las actuaciones en la calle requerirán de una «previa autorización municipal otorgada por la Concejalía competente y se otorgarán muy excepcionalmente y para casos muy señalados y puntuales, sin considerarse que tales actuaciones puedan realizarse de forma continuada en el tiempo y en el espacio público de El Puerto de Santa María». O El Puerto de los Callaos.