El Gobierno se ofrece para mediar en la crisis entre Nicaragua y Costa Rica

A pesar de las malas experiencias previas, España volvió a mostrarse dispuesta a ejercer de mediadora entre dos países latinoamericanos. Trinidad Jiménez mostró ayer su «disposición» para acercar posturas entre costarricenses y nicaragüenses en el conflicto limítrofe que mantienen y que amenaza con enquistarse y aumentar la tensión entre ambos países.

Todo comenzó el 18 de octubre, cuando una draga de Nicaragua depositó sedimentos extraídos en el limítrofe río San Juan en la ribera del país vecino. Costa Rica, que no tiene ejército, protestó por el daño ecológico y desplazó a la zona un contingente policial. La respuesta de Managua fue trasladar al lugar una unidad militar que, según Costa Rica, ocupó un islote propiedad suya. Ambos países presentaron denuncias en distintas instituciones, Corte de Justicia de La Haya, Organización de Estados Americanos y Naciones Unidas,

La confrontación se extendió a la cumbre de Mar del Plata, en la que la presidenta costarricense, Laura Chinchilla, pidió a la comunidad iberoamericana «no cerrar los ojos» ante el conflicto y «no caer en la indiferencia». La presidenta de la Corte Suprema de Nicaragua, que sustituyó en la reunión al presidente Daniel Ortega, sostuvo que la cita no era «el foro adecuado» para abordar el problema.

Fue quizás el único punto de fricción de la cumbre que se clausuró ayer. La reunión estuvo presidida por el consenso, un clima al que contribuyó en buena medida el tema central de la agenda, 'Educación para la inclusión social'. Los países latinoamericanos, España y Portugal acordaron poner en marcha un ambicioso programa, 'Metas educativas 2021', dotado con un fondo de 3.000 millones de euros para erradicar en 11 años el analfabetismo en la región y potenciar la educación infantil y superior. A este fondo contribuirán instituciones mundiales y empresas, entre ellas el BBVA que aportará 298 millones de euros para becas, y Telefónica, con otros 373 millones.