AUTORIDAD POR LOS AIRES

Al poner en su sitio a los controladores con medidas muy excepcionales, por primera vez en siete años el Gobierno de Zapatero ha tomado una decisión importante que no ha dividido a los españoles y con la que todos debemos estar de acuerdo. Este colectivo tiene derecho de hacer huelga y puede reivindicar la luna, pero ha perdido toda su legitimidad al saltarse los procedimientos legales y contraponer salvajemente sus intereses particulares al interés general de España. El daño a la economía española y a la reputación internacional del país ya está hecho, en unas semanas en las que los mercados internacionales analizan con lupa el futuro del euro y lo relacionan con lo que ocurre aquí. Sin embargo, la noticia de que hay un Gobierno que es capaz de adoptar medidas de este calado será a medio plazo beneficiosa para los millones de turistas que nos visitan y ayudan a mejorar cada año la maltrecha cuenta de resultados española.

La paradoja del comportamiento acertado del Gobierno en estas trepidantes horas es que contradice los principios de diálogo y negociación a toda costa y con cualquiera (salvo con el primer partido de la oposición) que forman el núcleo de la identidad de Zapatero. El ministro Blanco debería haberse dado cuenta de esta contradicción narrativa antes de tenérselas tiesas con los controladores, porque no solo ha volado por los aires su capital político sino el que le quedaba a su jefe, invisible durante la crisis, a pesar de que de forma previsora había decidido no viajar en estos días. Siete años de debilitamiento progresivo de la autoridad del Gobierno y del Estado han facilitado que se produjera este escenario de caos e injusticia. Asistimos a un fin de régimen plagado de inconsistencias e improvisaciones. Por eso, el hecho de que las medidas tomadas sean necesarias y estén justificadas no nos impide observar que el Ejecutivo reacciona pero no lidera e incluso acertando se manifiesta como un actor acorralado y a la defensiva.