Cielos cerrados

La decisión de los controladores aéreos de forzar súbitamente el cierre del espacio aéreo español es un error de tal gravedad que, con independencia de la trascendencia administrativa y penal de estas conductas irresponsables, impide absolutamente una solución negociada al conflicto. En un Estado de Derecho es inaceptable que un pequeño colectivo de trabajadores, beneficiarios de sueldos exorbitantes, utilice de forma tan arbitraria su capacidad de presión y paralice un sector clave del país. Gracias a esta capacidad de presión, los controladores consiguieron consolidar una posición laboral escandalosa. Pese a aquella situación de privilegio, continuaron constituyendo una permanente amenaza por su arrogante actitud exigente, hasta que el actual ministro de Fomento, José Blanco, decidió revisar aquella situación para dotarla de la exigible racionalidad. Y el 5 de febrero de este año, el Gobierno aprobaba un decreto ley que devolvía a AENA la capacidad de gestión y control del tráfico aéreo, en tanto en abril entraba en vigor la nueva ley 9/2010 que fijaba las condiciones laborales del colectivo y moderaba sus salarios.

Desde entonces, el forcejeo entre el sindicatos de controladores, USCA, y Fomento no ha cesado. Pero, consciente de su gran impopularidad y de que el Gobierno tiene en este asunto unánime respaldo social, el sindicato no ha tomado medidas de fuerza hasta ayer, al conocer que el Consejo de Ministros había acordado la privatización parcial de AENA, la gestión privada de los grandes aeropuertos y una aclaración a la normativa que regula la jornada laboral de los controladores. Cuando los controladores insinuaban la posibilidad de una huelga, este verano, Blanco aseguró que estaba preparando controladores militares que podrían relevar a los civiles. Todo indicaba que no era más que una bravuconada. Pero la pelota está ahora en el tejado del ministro y es imprescindible dar una solución a las miles de personas que esperan en los aeropuertos. La amenaza militar no deja de ser un fracaso del Gobierno ya que debería haber alcanzado antes una resolución al conflicto, que arruina el puente de la Constitución, amarga las vacaciones de millones de ciudadanos y deteriora todavía más la situación económica del país.