La Guardia Civil no descarta investigar a las personas que contrataron cursos con el SIT

La duda sobre la forma de actuar de las miles de personas que pasaron por las instalaciones del Sindicato Independiente de Trabajadores de Cádiz (SIT-Cádiz) para realizar algunos de sus cursos sigue en el aire. Mientras los foros de la Red se llenan de internautas ávidos de información, que se definen como víctimas de un estafa, la Guardia Civil sostiene que quien consiguió un diploma acreditativo sin recibir formación alguna sabía lo que estaba haciendo. Por eso, fuentes del Instituto Armado confirmaban ayer a este medio que no descartan explotar esa línea de investigación: la que se dirige directamente a los cursillistas como supuestos beneficiarios de la trama desmantelada.

Sin embargo, esas pesquisas tienen un gran obstáculo, como reconocían las mismas fuentes consultadas, y es la cantidad ingente de sospechosos. Sólo en la primera inspección que realizó la Guardia Civil, a partir del registro de las oficinas del SIT en la calle Brasil de Cádiz, los agentes se toparon con información suficiente para determinar que el sindicato tapadera había expedido «decenas de miles» de certificados. Las diligencias judiciales, caso de que la jueza que instruye la 'operación Catis' aceptara a interrogar en calidad de imputados a los alumnos, podrían eternizarse.

El temor y la incertidumbre están patente entre los cursillistas que ya tienen sus títulos o que aún esperan recibirlos al pillarles el operativo policial cuando ya habían entregado el material. Por eso, en la Comandancia de Cádiz se recibieron ayer decenas de llamadas de personas, que se identificaban como afectados del SIT, en busca de información. Muchos de ellos, cuando se les invitaba a dejar sus datos personales, optaban por cesar en su intento.

Este caso tiene una segunda lectura, quizás más importante que la propia estafa en sí, y es el cuestionamiento que se hace a los sistemas de acreditación de las administraciones e instituciones públicas. Esa validez oficial permitió que los diplomas expedidos por el SIT sirvieran como material puntuable en procesos de selección de personal para puestos públicos. Este periódico tuvo acceso ayer a los certificados que recibió uno de los alumnos tras realizar unos cursos declarados de «interés docente sanitario» por Salud. Unos títulos que llevan el emblema de la Junta.

Uno de los departamentos dependiente de la Administración regional, la Consejería de Empleo, se desmarcó ayer por completo del caso. Su consejero, Manuel Recio, negó con rotundidad «cualquier relación» con la red y añadió que no habían destinado «ni un céntimo» a esos cursos formativos. Recio dijo que el SIT «era un centro no homologado de formación». Sin embargo, en la publicidad que el sindicato distribuyó durante años por centros públicos como la UCA aseguraban que sus cursos estaban aprobados por la Junta de Extremadura (Empleo), la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales (Gobierno de Canarias) y la Consejería andaluza de Salud. Este último departamento anunció el miércoles que procedería a revisar, y llegado el caso a revocar, los cursos que acreditaron.