Las filtraciones de Wikileaks ponen en un aprieto al Gobierno y a la Fiscalía

El terremoto político mundial que han causado las revelaciones de Wikileaks, con la filtración de más de 250.000 documentos secretos de la diplomacia estadounidense, ha tenido su primera sacudida en España. Los informes elaborados por la embajada de Estados Unidos en Madrid pusieron ayer en un aprieto al Gobierno y la Fiscalía después de conocerse que la legación norteamericana puso en marcha una campaña de presión en causas judiciales abiertas en la Audiencia Nacional que afectaban a su país.

La estrategia de acoso alcanzó a fiscales, jueces y altos cargos del gobierno, que compartieron informaciones con funcionarios estadounidenses sobre la marcha de determinados procesos judiciales. Para amortiguar el impacto, el Ejecutivo, a través del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y el Ministerio Público cerraron filas y reaccionaron con un mensaje unitario. Encuadraron los encuentros «dentro de la legalidad» y rechazaron que «ninguna clase de injerencia externa» haya tenido resultado en las causas judiciales sobre la muerte del periodista José Couso, los vuelos secretos de la CIA o las torturas en la cárcel de Guantánamo.

El principal damnificado de las filtraciones de Wikileaks, según recoge el diario 'El País', ha sido la Fiscalía General del Estado, aunque los efectos colaterales también llegaron al Gobierno. Las notas diplomáticas revelan que tanto el máximo responsable del Ministerio Público, Cándido Conde-Pumpido, como el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, mantuvieron contactos directos con la embajada estadounidense para intercambiarse información. En la mayoría de los casos, para comentar la posición de la Fiscalía en las diferentes causas, pero también para «favorecer el archivo de los casos».

En uno los informes secretos, fechado el 5 de mayo de 2009, el fiscal Zaragoza queda en entredicho al asegurar que haría todo lo posible para que el caso de Guantánamo no cayera en manos del juez Baltasar Garzón y sí del juez Ismael Moreno. Zaragoza contó que si Garzón -en la actualidad suspendido de sus funciones- se empeñaba en quedarse con el caso él mismo airearía que Garzón optó por no investigar nada cuando conoció los primeros datos años atrás. Finalmente, el juez abrió una causa sobre la cárcel estadounidense tras aceptar una querella en su juzgado.

En otra nota, fechada el 19 de julio de 2007, Conde-Pumpido aportó al ex embajador norteamericano Eduardo Aguirre las últimas novedades sobre el 'caso de los vuelos de la CIA' -«continúa a su ritmo, pero no creo que aporte ninguna sorpresa», le comentó- y añadió sobre el 'caso Couso' que él «deseaba su archivo». Tanto en este proceso como en el de Guantánamo la posición oficial de la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha sido contraria a su investigación.

«Se me acaba la paciencia»

La causa por la muerte del cámara de Telecinco parece preocupar en exceso a los estadounidenses, sobre todo tras la decisión del juez Santiago Pedraz de procesar por crímenes de guerra a los tres militares que se encontraban en el tanque que disparó al hotel donde se encontraba el periodista. Era mayo de 2007, cuarto aniversario de la guerra de Irak, y al embajador Aguirre se le estaba empezando a «acabar la paciencia». Se reunió con la ex vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega -informe de la embajada del 14 de mayo de 2007- para trasmitirle su preocupación y la entonces número dos del Gobierno le tranquilizó con el argumento de que «una de las opciones que estaba sopesando era la de presentar un recurso» contra la resolución del juez.

Dentro de la misma estrategia, los diplomáticos de Estados Unidos utilizan las visitas oficiales de personalidades de su país para influir en los procesos judiciales. Los senadores Mel Martínez y Judd Gregg mantuvieron contactos en abril de 2009 con personal del Ministerio de Asuntos Exteriores solo dos semanas después de abrirse la causa de Guantánamo. Sobre este mismo asunto, el primer colaborador del embajador Aguirre se puso en contacto con altos cargos del Ministerio de Justicia para transmitirles la «gravedad» de la situación y sus posibles consecuencias diplomáticas.

Estas y otras revelaciones de Wikileaks provocaron la reacción de los aludidos. Todas las respuestas con un único mensaje: «Este tipo de contactos están dentro de la legalidad». El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, reconoció que atendió a «solicitudes de información de la embajada de Estados Unidos», pero siempre dentro de la cooperación judicial entre ambos países.

Su subordinado en la Audiencia Nacional señaló que los contactos están dentro de la ley y que por su departamento «ha recibido visitas de todas partes». Mientras que el fiscal del 'caso Guantánamo', Vicente González Mota, defendió que las filtraciones «no comprometen la independencia» de la Fiscalía y aseguró que su departamento no siguió «instrucciones» de Estados Unidos.

En los mismos términos, el ministro de Justicia afirmó que los fiscales «se pronuncian con luz y taquígrafos» y que sus decisiones son «claras y transparentes». Caamaño puso además en cuarentena los informes de Wikileaks por tratarse de una información «de parte basada en valoraciones subjetivas que se producen en un entorno discreto y que ahora se descontextualizan». Asimismo, negó que España recibiera 85.000 dólares por cada preso de Guantánamo que recalara en nuestro país, como se decía en una nota diplomática también reproducida por 'El País'.

«Incompletas y subjetivas» son también para el embajador estadounidense en España, Alan D. Solomont, las informaciones de los cables diplomáticas. En una de sus primeras comparecencias públicas tras acceder al cargo, Solomont confío ayer en que las filtraciones no dañen las «excelentes» relaciones entre ambos países y aseguró que el daño potencial de las revelaciones de estos secretos para España «es pequeño».