Aguayo dice que las protestas contra el decreto buscan desestabilizar al Gobierno

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, defendió ayer la tramitación como proyecto de ley del decreto de reordenación del sector público porque permitirá «despejar dudas» y achacó las movilizaciones a la «manipulación» y a un intento de «desestabilizar» al Gobierno.

En su comparecencia en comisión parlamentaria, Aguayo confió en que el nuevo decreto ley, aprobado por el Gobierno andaluz el 23 de noviembre pueda debatirse de manera «serena y sosegada» en el Parlamento andaluz como proyecto de ley.

En este sentido, señaló que la decisión de que se debata como proyecto de ley surge por las «dudas» generadas entre muchos empleados públicos debido a la «manipulación» que se ha hecho por algunos «sectores conservadores» sobre este decreto.

«Aquí habrá luz y taquígrafos, se sabrá qué es lo que piensa cada uno del modelo al que sirva el sector publico», indicó la consejera. Martínez Aguayo, que denunció la existencia de una «campaña de intoxicación mediática que parte desde posiciones conservadoras» contra este decreto, señaló que el acuerdo logrado con UGT y CCOO, que «representan a tres de cada cuatro funcionarios», es «necesario, constructivo y válido».

Movilizaciones

Todo ello a pesar de las acusaciones vertidas por «sindicatos minoritarios» que, en su opinión, no han querido negociar «a veces con posiciones numantinas» y cuyas reivindicaciones, en ocasiones, «van más allá de la defensa de los empleados públicos». Ha reiterado que la reordenación del sector público se hará desde «el más escrupuloso respeto al régimen jurídico de la función pública y a los derechos del personal funcionario y laboral».

Las movilizaciones de los funcionarios desde que se aprobó el decreto pretenden, entre otras cosas, «desestabilizar al Gobierno» desde unas «posiciones conservadoras», aunque, según la consejera, ha propiciado que el Ejecutivo «no se haya dejado arrastrar».

Por su parte, el diputado de IU Pedro Vaquero señaló que ni se entendió el primer decreto ni tampoco el último, y consideró que las «innegables y rotundas» movilizaciones de los empleados públicos no son fruto de ninguna «conspiración histórica» como tampoco puede reducirse a una manipulación política o sindical.