El 'caso Gürtel' desembarca en Castilla y León

Primero Madrid. Luego Valencia. Y ahora Castilla y León. El juez del tronco central del ‘caso Gürtel’, Antonio Pedreira, ha decidió enviar parte de la investigación sobre la trama corrupta al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León al constatar que hay indicios de que el actual presidente del Parlamento de esa comunidad, José Manuel Fernández Santiago, ‘Toti’, pudo cobrar “irregularmente” 39.000 euros como sobornos por intermediar en la adjudicación de la construcción de la variante de la localidad leonesa de Olleros de Alba.

En su resolución, Pedreira considera que las pruebas contra Fernández Santiago son suficientes para imputarle por los delitos de “prevaricación y cohecho”, tal y como le había solicitado la pasada semana la Fiscalía Anticorrupción. Según el magistrado, las pruebas aportadas por la Brigada Antiblanqueo permiten afirmar que ‘Toti’, siendo consejero de Fomento, violó los procedimientos administrativos y, en particular, violó los principios de “publicidad, concurrencia y transparencia” en la adjudicación de aquella obra.

Según el relato del magistrado, la obra fue a parar a Teconsa, una de las principales empresas implicadas en el ‘caso Gürtel’, que ganó el concurso en abril de 2003, llevándose un contrato por valor de 2.847.959 euros, sin IVA. A cambio, la mercantil repartió entre los muñidores del contrato el 3% del mismo (una vez pagado el IVA), lo que ascendió a unas mordidas de 96.100 euros.

Indicios contra los acusados

En la resolución, Pedreira cita varios informes de la Intervención General del Estado de febrero y noviembre de este año que concluyen que en la tramitación de la adjudicación "se ha incurrido en diversas irregularidades, vulnerando los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia". La investigación de este asunto parte de la documentación intervenida el 6 de febrero de 2009 al contable de la trama Gürtel, José Luis Izquierdo.

Entre esos documentos figuraba un fax de la Consejería de Fomento castellano y leonesa sobre la adjudicación definitiva de la obra "en el que de forma manuscrita se calcula aproximadamente el 3 por ciento del importe de la adjudicación sin IVA", es decir, 73.650 euros; y otro escrito en el que se dice que 72.000 euros se entregaron a PC (Francisco -Paco- Correa). Otros dos documentos revelan que la comisión finalmente distribuida ascendió a 96.100 euros y que se repartió entre las personas identificadas como TO, G, L, J y PC, que según los informes policiales son respectivamente Fernández Santiago ('Toti'), Galeote, Bárcenas, Merino y el propio Correa.

El juez considera que el motivo de los pagos a Fernández Santiago "se hallaría en el papel jugado en esa adjudicación", ya que fue éste quien, en su condición de consejero de Fomento, adjudicó "de forma irregular" la obra de la variante. Recuerda además que Merino también fue consejero de Fomento de Castilla y León (1991-1999) y que su "estrecha vinculación" con esta región "le facilitarían sin duda la relación con los cargos de su partido en esa Comunidad, esenciales (...) para la adjudicación de la obra".

El papel del ex senador Merino

De hecho, el auto dice que Merino envió en 2003 al "número dos" de Correa, Pablo Crespo, información sobre otro concurso de la Junta de Castilla y León "antes de su publicación en el Boletín Oficial". Pedreira concluye que "en la causa existen indicios bastantes" del cobro de comisiones por parte de Bárcenas, Merino, Galeote, Fernández Santiago y Correa por la "adjudicación ilegal" de las obras y dice que también habrían participado en los hechos los responsables de Teconsa "que hubieran efectuado el pago", así como Izquierdo, el contable de la trama.

Además de la cantidad supuestamente recibida por la adjudicación irregular de la variante Olleros de Alba, el juez considera acreditado que Pablo Crespo entregó a 'Toti' otros 18.000 euros, aunque no especifica en concepto de qué percibió ese dinero.